La Oficina Anticorrupción (OA) elaboró y publicó el Manual titulado “Ética Pública y Conflicto de Intereses, Estudio para su prevención y su adecuada gestión”, dirigido tanto a funcionarios públicos como a la ciudadanía. Además, ya se encuentra online el buscador que permite acceder a las resoluciones sobre conflictos de intereses dictadas por la OA de acuerdo a diversos criterios de búsqueda, como por ejemplo, tema, funcionario o fecha.

La publicación compila los distintos criterios interpretativos y estándares aplicados por la OA en las más de 600 resoluciones dictadas desde su creación y en las cerca de 300 instrucciones preventivas dirigidas a funcionarios públicos de alta jerarquía, a partir de la implementación de esta herramienta en 2016.

Se trata de una acción directa y específica con el objeto de, en primer lugar, recordarle al funcionario, en un lenguaje sencillo y accesible, los estándares vigentes en la materia y los límites para el ejercicio de sus actividades públicas y privadas. En tal sentido, el manual señala en su introducción que el estado de derecho demanda que quienes tienen la responsabilidad de actuar en nombre o al servicio del Estado actúen en forma eficaz, íntegra y transparente y que “para lograr este cometido, los servidores públicos deben conocer y comprender los principios y normas éticas que se encuentran obligados a respetar y comprometerse con su cumplimiento”. Al mismo tiempo, a través de este material también “se procura interesar en esta problemática al ciudadano, con el objeto de favorecer el control que naturalmente ejerce sobre el ejercicio de la función pública”.

De este modo, se espera que los funcionarios públicos y la ciudadanía puedan identificar qué es un conflicto de intereses, qué medidas deben adoptarse cuando éste se configura y cuáles son sus consecuencias.

“La ausencia o deficiencia del tratamiento de un conflicto de intereses, así como una respuesta equívoca o inadecuada, posee un alto impacto negativo, pues debilita la eficiencia del régimen como herramienta de prevención de la corrupción, la confianza institucional y la reputación de la organización estatal, deteriorando, en definitiva, la calidad de la democracia”, agrega la publicación.