En la causa están procesados Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Báez, y Cristóbal López, entre otros.

“A Cristina Elisabet Fernández se le atribuye haber ideado, conformado y dirigido, junto a su difunto marido, Néstor Carlos Kirchner, y al hijo de ambos, Máximo Carlos Kirchner, una organización criminal, que funcionó entre el 7 de noviembre de 2006 y el 14 de diciembre de 2016, destinada a canalizar bienes de origen ilícito a través de la sociedad familiar “Los Sauces S.A.”, se destaca en el escrito de la OA presentado en el día de hoy ante el Juzgado Federal N° 10.

Para la OA, Cristina Kirchner “participó como directora a lo largo de toda la maniobra y se benefició con el crecimiento de la sociedad, que experimentó un capitalización de más de un 12.000%, incremento del que se benefició con el retiro personal de fondos y con la utilización, para su propio disfrute, de bienes a nombre de la sociedad”.

La Oficina también destacó que Máximo Kirchner “valiéndose de la calidad de socio fundador y de presidente de “Los Sauces S.A.”, diseñó, ejecutó y dirigió, entre los años 2009 y 2016, un esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de esa empresa familiar por medio del cual se logró legitimar una porción de dinero de procedencia ilegitima que era canalizado por empresas del “Grupo Báez” y del “Grupo Indalo” -que habían sido beneficiadas con contratos y concesiones estatales otorgadas durante el gobierno de los Kirchner- a través de la actividad inmobiliaria y hotelera desplegada por la sociedad familiar mencionada, tras lo cual dispusieron personalmente de varios de los bienes resultantes bajo apariencia de legitimidad”. Los Sauces firmó distintos contratos de locación con empresas del “Grupo Báez” y del “Grupo Indalo” en concepto de alquileres de propiedades y hoteles por un total de $25.968.042,27. Estos contratos que resultaban innecesarios para las actividades de esas empresas y, por otra parte, fueron hechos a precios elevados por encima de los valores de mercado.

Esto constituyó una maniobra de lavado de activos, dado que a través de un contrato de alquiler simulado se inyectó en el circuito legal sumas de dinero de procedencia ilícita.

Por otra parte, la OA señaló que los pagos efectuados por Cristóbal López y Fabián De Sousa y sus colaboradores, bajo el ropaje de contratos de locación, constituyeron dádivas ofrecidas y entregadas a los entonces presidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ya sea que hayan sido dados sin causa que los justifique o bien como retorno por una serie de contratos, licencias y concesiones estatales.

“Forzoso es señalar, entonces que Cristina Fernández aceptó dichas dádivas, las cuales ingresaron efectivamente a su patrimonio a través de la sociedad que integraba junto a miembros de su núcleo familiar, para luego retirar parte de ese dinero, ya dotado de cierto manto de legalidad al amparo de una supuesta actividad inmobiliaria desarrollada por una sociedad comercial controlada por ella y miembros de su familia”, se describe.

En total, la OA pide la elevación a juicio sobre 25 imputados. En la presentación de 170 páginas además de detallar todas las operaciones cuestionadas la Oficina presentó un listado con 400 puntos probatorios, entre los que se incluyen informes bancarios, oficios judiciales, declaraciones testimoniales, actuaciones policiales y diversos documentos públicos.