Durante el juicio contra José López (que concluyó con una condena a 6 años de prisión) dos choferes de la Secretaría de Obras Públicas relataron cómo realizaban tareas en el ámbito familiar del ex funcionario. Uno de ellos “puntualizó que él trabajaba para la Sra. María Amalia Díaz esposa de López), quien, entre otras cosas, le solicitaba que la trasladara para hacer compras en el supermercado, para realizar trámites bancarios, para llevar y retirar a su nieto del jardín y para trasladar a sus hijas a la Universidad”.

Dijo además “que durante varios meses la Sra. María Amalia Díaz le ordenó que se ocupara de abrir la puerta a los albañiles que trabajaban en la casa que ella y su marido se encontraban construyendo en la localidad de Dique Luján, partido de Tigre, y de acompañarlos durante sus tareas”.

Otro chofer relató que “una vez concluidas las refacciones de la casa de Dique Luján, López hizo instalar, en una garita, un servicio de seguridad con personal de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA); circunstancia que le constaba en razón de que mantuvo diversas conversaciones con ese personal de seguridad, quienes le revelaron que sus sueldos eran pagados por esa empresa”.

Además, dos trabajadores que cumplían funciones bajo las órdenes de López fueron obligados a realizar tareas de traslado para su familia.

En su alegato, la Oficina -actuando como querellante- ya había señalado que estos hechos constituían un delito.

En la denuncia, la OA sostuvo que “conforme surge de los testimonios invocados, el ex funcionario José Francisco López, con pleno conocimiento y voluntad, habría empleado, en provecho propio y de su entorno familiar, servicios pagados por una administración pública, como lo es el Estado Nacional; con el cual se presentan, en principio, los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal seleccionado”.