La denuncia presentada por la OA, afirma que “se aumentaron injustificadamente los precios de la obra, alteraron las condiciones de los mecanismos de financiamiento y autorizaron pagos totalmente ilegales, en su propio beneficio y en detrimento del patrimonio estatal”.

Las obras en cuestión tenían como objeto el abastecimiento de gas natural a distintas localidades de la provincia con el fin de sustituir el consumos de gas licuado propano por redes (GLP) por gas natural y evitarle así al Estado Nacional el pago de subsidios a perpetuidad que hacía del precio a granel del gas propano. El proyecto original consistía en un paquete de obras que debían contar con un mismo financiamiento y se dividió en 3 etapas que abarcaban distintas localidades de la provincia de Santa Cruz.

Durante la investigación llevada a cabo por la Oficina, se pudo verificar que, debido a las sucesivas modificaciones que sufrió el objeto de la obra, el sobredimensionamiento de los proyectos y el manejo del fondo fiduciario, se terminó pagando, por la Etapa I de la obra, un 63% más del costo inicial y por la Etapa II, un 500% más, lo que luego incidió en la ejecución de la Etapa III.

En efecto, llegado el año 2015 y como ésta etapa no se había concretado, se ordenó realizar un presupuesto más actualizado. Este nuevo presupuesto –aprobado por ENARGAS- era 771% mayor que el monto de la obra previsto en el contrato originario y, para la OA, “contenía sobreprecios en los costos de las cañerías, del sistema de comunicaciones, en la instalación de carpas para soldar y en costos salariales del personal de obra, entre otros rubros”.

Como con ese nuevo presupuesto resultaba imposible continuar la obra bajo el régimen de “compensaciones evitadas” a futuro, el 15 de agosto de 2015 el gobernador de Santa Cruz envió una nota al Ministro de Planificación pidiendo los fondos para la Etapa III por 3.280 millones de pesos. Al día siguiente Daniel Peralta y Julio De Vido firmaron el Convenio específico “no reintegrable” por esos 3.280 millones.

El 2 de octubre de 2015, Peralta le pidió a De Vido el primer desembolso por 984 millones que se paga el 2 de diciembre de 2015 sin ningún tipo de avance de obra, sólo a modo de anticipo. Luego, Peralta pidió el segundo desembolso el 20 de noviembre de 2015 presentando como respaldatorio el “primer certificado de avance de obra” que contenía solo la “ingeniería de proyecto y acopio de materiales”.

Éste último desembolso no llegó a realizarse y fueron las nuevas autoridades asumidas en diciembre del 2015 quienes lo frenaron y pusieron en conocimiento de la Oficina distintas irregularidades detectadas.

La denuncia, radicada en el Juzgado N° 4 en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, se realizó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado, sin perjuicio de que, con el avance que se realice de la investigación, puedan constatarse otros delitos.