Presidencia de la Nación

La IGJ comienza su puesta en valor y anuncia un plan de acción destinado a mejorar la eficiencia en la gestión

El inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, se reunió con representantes de las Cámaras Empresarias nacionales y binacionales en el Salón “Pablo Ramella” del Ministerio de Justicia de la Nación, oportunidad en la cual presentó en sociedad las “Bases y Lineamientos para la puesta en valor del organismo y mejorar la eficiencia de la gestión”.


Ante un calificado auditorio de más de 60 personas, el inspector general expuso sobre el estado actual de la Inspección General de Justicia, explicó los objetivos perseguidos por la nueva administración, y el plan de trabajo para reconvertir al organismo en un “Servicio Económico de Interés general y de Regulación de Riesgos”, poniendo en valor a la entidad, restituyéndole el perfil adecuado a este nuevo tiempo y a lo que la legislación vigente establece.

“La Inspección General de Justicia no sólo se ocupará del Registro Público y de ejercer el Poder de Policía del Estado sobre los entes sometidos a su fiscalización, sino que —además— se constituirá en un organismo moderno y tecnológico de asistencia para promover la iniciativa privada y el desarrollo de la actividad que realizan las personas jurídicas privadas en el orden nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” —señaló Vítolo—; es decir, una oficina de facilitación para creación, funcionamiento, desenvolvimiento de estos entes ideales y una usina de herramientas y de auxilio para la inversión local y extranjera y de las entidades de bien público.

En el curso de la reunión y por cerca de una hora, Vítolo expuso el “Plan de Acción de Corto, Mediano y Largo plazo” que se está diseñando en la institución.

En lo que se refiere al corto plazo, hizo saber a los asistentes que en el curso de los próximos 30 días procedería a llevar adelante:

  • La revisión de la totalidad del Marco Normativo actualmente vigente y la identificación de los problemas e inconvenientes que el mismo plantea.
  • La modificación y eventual derogación de aquellas normas que se identifiquen como disvaliosas o contrarias al régimen de creación de empresas y promoción de inversiones de origen local o extranjero.
  • La consulta por treinta 30 días a cámaras empresariales nacionales y binacionales y ONGs, para que sugieran reformas, cursos de acción e identifiquen sus necesidades respecto de la labor del organismo
  • La identificación de las normas legales en materia de actividad empresarial en la producción e intercambio de bienes y servicios generando propuestas de reformas legislativas que se elevarán al Poder Ejecutivo
  • Convocatoria al resto de las autoridades de control y registros públicos de todo el país para establecer alguna suerte de presupuestos mínimos en esta materia
  • Efectivizar el convenio con el Consejo Profesional en Ciencias Económicas de CABA para contar con un equipo de contadores con el objetivo de normalizar la lectura y análisis de estados contables y financieros que se encuentran pendientes de examen, y que superan los 14.000 ejemplares.

En lo atinente a los objetivos de mediano plazo, Vítolo identificó los siguientes:
En los próximos 90 días

  • Mejorar mediante modificaciones parciales y derogaciones específicas de resoluciones generales, el Marco Normativo actual IGJ para retomar la normalidad regulatorio
  • Restaurar el sistema de constitución de SAS existente con anterioridad a 2020 haciéndolo más dinámico
  • Poner en marcha el plan de regularización del análisis de estados contables y financieros
  • Mejorar transitoriamente, mientras se diseña un nuevo régimen definitivo, la regulación aplicable a las Sociedades Constituidas en el Extranjero

En 120 días:

  • Generar y sancionar un nuevo Marco Normativo que reemplace la Resolución General IGJ 7/2015 bajo una nueva óptica y concepción de la tarea que debe desarrollar la IGJ y lo que se le debe exigir a los administrados que se vinculan con ella a través de los diversos mecanismos de registro y control
  • Avanzar en el desarrollo de mecanismos de digitalización para estados financieros y contables, y otros documentos

Finalmente, en lo relativo a los objetivos de largo plazo, Vítolo sostuvo que se dirigía a conformar una "Inspección General de Justicia Digital” en el plazo de 2 años, con las siguientes características:

  • Sistema de Ventanilla digital
    Ingreso, retiro, seguimiento de trámites
    Carpeta societaria, con detalle de inscripciones, cumplimiento de obligaciones y estado de situación de la entidad
    Acreditación de identidad de intervinientes y autenticación de documentación (mediante identidad federada, firma digital y otros)
    Gateway de pago
    Datos y documentación abiertos

  • Gestión documental interna y Función Registral Digital
    Inteligencia artificial en todos los procesos y también en los sistemas de consultas y comunicación de los administrados con el organismo

  • Automatización de la gestión de información
    Captura de datos y documentos
    Explotación y Consumo de Datos
    Reportes periódicos - Tableros de Control
    Controles automáticos – Alertas
    Integraciones con organismos y entes externos (APIs / WebServices / Portales / entre otros)

Con referencia a los ejes del abordaje del cambio, Vítolo puso énfasis en:

La reducción de la burocratización, mediante la simplificación y automatización de tareas y procesos. Sintetizar el universo de trámites, unificar criterios y eliminar pasos innecesarios en la tramitación. Generar una mirada transversal e integradora para lograr la articulación de áreas y tareas.
La integración tecnológica, para habilitar la tramitación remota, firma digital, registro electrónico, libros societarios informatizados en toda la operatoria del organismo, incorporando cuando sea beneficioso los adelantos en tecnologías disruptivas: inteligencia artificial -cadena de bloques- manejo automatizado de grandes volúmenes de información
La sistematización de la información, para acceso rápido y sencillo a toda la información registral, de fiscalización y cumplimiento de las entidades, documentación digital, tanto para demanda interna como de acceso público. Con esto se busca dar disponibilidad a la información de IGJ y permitir mejor fiscalización. También, mejorar la capacidad de analizar datos para tomar decisiones estratégicas informadas.
La mejora en la comunicación, con el público y demás partes interesadas, tanto en la consulta sobre estado de trámites, como de procedimiento, requisitos, normativa y reclamos. Se busca además interactuar de manera fluida, incrementar la coordinación interna, brindar información al público y obtener feedback para permitir una mejora continua.

“Nos encontramos frente a la necesidad de incorporar de manera estratégica y efectiva, tecnologías digitales para mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Ello implica reconfigurar procesos internos, implementar soluciones tecnológicas innovadoras y promover una cultura organizativa que fomente la agilidad y la adaptabilidad. Y lo haremos en 2 años”, aseguró Vítolo.

Ver presentación completa.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de febrero de 2024.


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