Por Gustavo Vera

Desde el 2013, la Asamblea de las Naciones Unidas declaró al 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de personas, con el fin de concientizar esta problemática tanto a la sociedad como a los gobiernos.

La trata afecta gravemente la vida y la dignidad de las personas: son privadas de su libertad y sometidas a la explotación sexual, laboral, trabajos forzados, extracción de órganos, mendicidad, entre otras modalidades.

Sigue siendo el tercer delito más rentable del crimen organizado, luego del tráfico de armas y el tráfico de drogas, y factura ilegalmente alrededor de 200 mil millones de dólares, sobre la base de una acumulación mafiosa de capital que pisotea la dignidad de los más vulnerables.

Lamentablemente, en los últimos años, el delito de trata ha crecido a nivel planetario a consecuencia de la pandemia, el cambio climático que hace estragos y provoca migraciones obligadas masivas, las guerras, particularmente la que acontece en Europa, y el desarrollo de las comunicaciones digitales, que han aprovechado las redes criminales para multiplicar mecanismos de captación por la vía virtual. La ONU estima en más de 60 millones la cantidad de víctimas, con la particularidad de que el año pasado creció exponencialmente la explotación laboral.

Sin embargo, la Argentina ha realizado bajo la gestión de Alberto Fernández, esfuerzos significativos para prevenir y combatir la trata y para generar políticas públicas de protección y asistencia a las victimas, que le han valido el reconocimiento internacional durante cuatro años consecutivos. Según los informes mundiales anuales, que realiza el Departamento de Estado de los EEUU, la Argentina está entre los 30 países que más esfuerzos realizan en la lucha contra la esclavitud, y así fue acreditado desde el 2020 a la fecha. Incluso este año, el secretario de Estado del presidente Biden, Antony Blinken, destacó especialmente el caso Argentino “donde los líderes del gobierno federal se reúnen regularmente con representantes de las 24 jurisdicciones del país, para coordinar sus esfuerzos y aumentar la eficacia de los demás, incluso comprometiéndose a ofrecer viviendas a largo plazo a los sobrevivientes de la trata”.

Cuando asumimos en la Dirección Operativa del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, teníamos que resolver claramente tres desafíos. En primer lugar, garantizar políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo, que permitan a las sobrevivientes del delito de trata reconstruir su horizonte de vida y evitar su revictimización. En segundo lugar, lograr que las investigaciones judiciales sigan la ruta del dinero y no se conformen con condenar a los eslabones más pequeños de la cadena de explotación y en tercer lugar, masificar de manera federal, e incluso latinoamericana, redes de cooperación eficaces que se comprometan y coordinen a escala municipal, provincial, nacional e incluso regional el combate contra la trata.

Respecto al primer desafío, desplegamos cinco líneas de acción en el corto plazo para las/los sobrevivientes de la trata de personas: 1. Derecho al patrocinio jurídico mediante un convenio con el Ministerio Público de la Defensa; 2) Derecho al acompañamiento terapéutico permanente mediante la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Nación, en articulación con las provincias; 3) El programa Acompañar, que otorga un plan de seis meses de ayuda económica, equivalente al salario mínimo, vital y móvil de manera mensual; 4) el programa Restituir, que otorga un plan de hasta un año y medio, equivalente a medio salario mínimo, vital y móvil mensual y 5) la prestación por explotación laboral de RENATRE para las víctimas rescatadas de la trata laboral, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. Adicionalmente, asistimos con el programa Ayuda Urgente del Ministerio de Desarrollo Social. En el mediano plazo, se creó el programa de Reparación de Derechos y Fortalecimiento de las Competencias Laborales para los sobrevivientes de la trata mediante el cual el Ministerio de Trabajo de la Nación capacita en oficios según habilidades, capacidades y deseos y les paga una remuneración durante un año equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, y mediante el ENACOM les garantiza medios digitales para poder capacitarse desde cualquier lugar del país y luego colaborar en su reinserción laboral. También se creó el programa de acceso a soluciones habitacionales, mediante el cual, a través del programa “Casa Propia”, y la construcción de vivienda sobre un terreno propio u otorgado, el alquiler social o la refacción integral de una vivienda, se garantiza un techo digno para las/los sobrevivientes como ya ha ocurrido en casos concretos en Formosa, Santiago del Estero, Catamarca o Misiones. Y, en el largo plazo, se constituyó un Fondo Fiduciario de Reparación, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia bajo el control del Consejo Federal, mediante el cual se indemniza, con el decomiso de bienes a los explotadores, a quienes fueron víctimas del delito de trata, una vez que hay sentencia judicial firme. Ya hubo 45 casos de reparación.

En relación al segundo desafío, se modificó el Protocolo Único de Articulación, mediante el cual ahora tanto la Unidad de Información Financiera (UIF), como la AFIP, son naturalmente querellantes por el Estado en causas judiciales de trata, a los efectos de seguir la ruta del dinero y conectar el delito de trata con el lavado de activos. También se creó en el 2020 la División contra el Trabajo Ilegal de la AFIP, que específicamente combate la explotación laboral. Asimismo, SENASA contribuye con información clave para individualizar a los explotadores en el ámbito rural. Por otra parte, tanto UATRE, como la CGT y el Consejo Federal del Trabajo han firmado convenios con el Comité a los efectos de planificar e incrementar las inspecciones laborales y combatir la esclavitud. Además, se trabaja en capacitaciones continuas con la Asociación de Jueces Federales y la Federación Argentina de la Magistratura.

El Comité ha masificado la lucha contra la trata, involucrando a todas las provincias, municipios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil e incluso enlazando a diez países sudamericanos en redes de cooperación para la prevención y el combate contra la esclavitud en todas sus formas. Se han conformado 34 mesas interinstitucionales a lo largo y ancho del país, en las que confluyen organismos competentes nacionales, provinciales, municipales y de la sociedad civil que trabajan en la capacitación continua, la prevención y la sensibilización. También ha contribuido a forjar una Plataforma Regional en la que 10 países sudamericanos trabajan en promover mesas operativas de trabajo en las fronteras bi o trinacionales, según los casos, en avanzar en equipos de investigación judiciales conjuntos contra redes transnacionales y en aceitar los mecanismos rápidos y urgentes de comunicación entre los países.

El papel de las provincias y los municipios fue clave. Tres provincias, Catamarca, Chaco y Formosa han sancionado leyes de inclusión laboral donde se incentiva a las empresas a contratar a sobrevivientes de trata, resguardando sus datos confidenciales a cambio de facilidades impositivas, o establecen cupos laborales en el ámbito del Estado. Siete provincias más siguen el mismo camino con leyes similares en estado parlamentario. Más de 150 ordenanzas fueron sancionadas en 15 provincias de las cuales, unas 50 son de cupo laboral y un centenar de difusión obligada de la línea de denuncias anónima y gratuita 145 en lugares de alta concurrencia.

También el papel de los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil fue crucial. Con ellos y los gobiernos provinciales y los municipios , cada 30 de julio o 23 de setiembre se realizan más de un centenar de actividades de capacitación y sensibilización, de Ushuaia a La Quiaca, y se han colocado cientos de miles de calcos con la línea de denuncia 145 en oficinas públicas, peajes, transportes, clubes, etc.

Varias cámaras empresarias a nivel nacional o local también se han involucrado en esta lucha, firmando convenios o avanzando en esa dirección para garantizar la reinserción laboral de los/as sobrevivientes de trata como la Cámara de la Construcción, del Transporte y hoteleras y gastronómicas.

La capacitación fue permanente e involucró a varias decenas de miles de funcionarios y actores de la sociedad civil, y en permanente actualización, según como va mutando el delito. Además de capacitar en indicios de explotación sexual y laboral, también se trabaja sobre organizaciones coercitivas con fines de explotación, trata y grooming, trata y virtualidad, redes de narcotráfico y trata, que son variantes en las que se desenvuelven las redes criminales en estos días.

Más de 4000 personas fueron rescatadas entre el 2020 y 2023. Se ejecutó el 92 % de las 100 acciones del primer plan bienal 2020-2022 y están muy avanzadas las acciones del plan 2022-2024. Es el primer Comité, desde su creación en 2012, que elabora y ejecuta dos planes bienales y que además fue calificado los cuatro años consecutivos en la máxima categoría de los países que más se esfuerzan en luchar contra la trata.

Como Argentinos, somos hijos de la ley Palacios, la primera norma contra la trata en el mundo, sancionada el 23 de setiembre de 1913, y del Estatuto del Peón, sancionado por Perón el 8 de octubre de 1944. Somos funcionarios que ejecutan las leyes sancionadas en el 2008 y 2012 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que mejoraron las herramientas sustancialmente para combatir el delito. Somos parte de la gestión de Alberto Fernández, que apoyó mediante todos sus jefes de gabinete el trabajo que realiza el Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas.

Esta semana, una vez más, habrá un centenar de acciones contra la trata en todo el país, en la semana mundial de sensibilización contra este delito, con la satisfacción de que este año se suman todos los equipos de primera división en la próxima fecha, gracias a la decisión del titular de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio Tapia, de sumar al deporte más popular del país al combate y la difusión de la línea 145.

*Gustavo Vera es director operativo del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas.