Presidencia de la Nación

La AFCI y el cuidado del ambiente en la planificación de los territorios

Las comunidades criollas e indígenas de Salta, junto al INTA-IPAF NOA y otras instituciones, participaron en la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia. Los investigadores de IPAF NOA cuentan cómo utilizaron la Metodología “Q” -propuesta por el Conicet- que permitió recoger las diferentes perspectivas de desarrollo territorial para armar así una propuesta final compartida que alterna producción y conservación.


Una nueva propuesta de revisión de la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, en la que participaron activamente los actores del territorio junto al INTA-IPAF NOA y otras instituciones, fue presentada en octubre ante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta. Desde el año 2014, esa provincia del norte argentino está en deuda con la normativa que obliga cada cinco años a realizar una actualización de las acciones tendientes a la preservación y al uso de los territorios con presencia de bosques nativos.

Concluye así un proceso de más de dos años, en base a planteos, herramientas técnicas y mucha información provista por los actores del territorio, que permite seleccionar y proponer espacios para cada una de las categorías de uso y conservación. La revisión presentada tuvo tres pilares fundamentales para su ejecución: la participación, comunicación y vinculación de los actores del territorio. La experiencia asumió el lugar de la AFCI y el cuidado del ambiente en la planificación de los territorios.

IPAF NOA (INTA) tuvo una participación activa en este proceso, compartiendo información y realizando aportes en la elaboración de las propuestas técnicas. La experiencia del investigador del instituto José Volante como especialista en sistemas de información geográfica, con más de 20 años en la temática, fue fundamental en el desarrollo de las herramientas de mapeo y de visualización. Volante ya había participado en el OT del 2008: “Hemos tenido un papel principal en las herramientas geográficas y en reuniones con los distintos grupos sociales para entender cuáles eran las miradas y demandas.” afirma. “Nos propusimos asegurar la participación de sectores que son comúnmente invisibilizados”.

El investigador del INTA explica que la Ley aclara que debe tomarse en cuenta, activa y democráticamente, las miradas de las comunidades aborígenes y de las poblaciones criollas. “Nosotros hemos incorporado esa mirada con muchos encuentros y consultas”, asegura Volante. Y agrega: “Asimismo, a través de las herramientas de cartografía se ubicaron todas las comunidades de Salta. Sobre esto se pudo ver, claramente representada, la presencia amplia de las comunidades en el territorio. Esto no es menor, ya que antes de aprobar cualquier proyecto de cambio de uso del suelo se tiene que comunicar, participar y vincular a los actores de la AFCI”.

Lucía Ruiz, pequeña productora que se dedica a la cría de ganado menor y mayor y es la actual presidenta de la Asociación Civil Nuevo Progreso, estuvo en todo este proceso de Ordenamiento Territorial, tanto en reuniones como en capacitaciones que se llevaron a cabo en Morillos y Salta Capital. “En mi participación, no tuve ningún problema, siempre me han dado el espacio para poder hablar”, asegura. “ Me sentí escuchada y sentí que nos escucharon a los pequeños productores. Nosotros lo que venimos cuidando es el tema del monte, para que los animales tengan su alimento natural y nativo y poder hacer manejo en ello. Cuidamos que no se desmonte y que se pueda recuperar todo lo que se ha venido dañando por muchas décadas por la falta de control. En eso estamos y a eso apuntamos”.

Volante destaca que el OTBN es un tema complejo que afecta intereses y pone en disputa las acciones que se pueden implementar. Y explica: “Eso pone en tensión al territorio y conciliar esas miradas no es tarea fácil. Por ello el esfuerzo en el desarrollo de herramientas que aseguren una participación democrática y equilibrada y que no invisibilice al sector de la AFCI y que entre en diálogo con otros actores era algo clave. Luego, con esa base, realizar el análisis técnico y propuestas de mapeo participativo. Se ha trabajado particularmente con el INAI y el IPAF NOA (INTA), en coordinación con la Secretaría de Ambiente, que tienen una orientación vinculada a la temática de la AFCI. Por suerte hubo una nutrida participación de comunidades aborígenes y criollas”.
Metodología “Q”

Para tal fin, se implementó una herramienta que logró contemplar las diversas perspectivas sociales, que se llama Metodología “Q”, propuesta por el CONICET. Esta permitió recoger las diferentes perspectivas que hay sobre un tema teniendo en cuenta la diversidad de opiniones más que la cantidad de actores que opinan. Eso garantiza que las miradas de los grupos minoritarios sean tomadas en cuenta a un mismo nivel.

Sobre su implementación Volante comenta que “hemos encontrado cuatro miradas bien específicas. En los extremos encontramos una enfocada en una perspectiva más conservacionista que piensa en producciones no maderables y hacer un uso del bosque sin transformarlo, sin su desmonte para la producción y la vida, mayormente representada por actores de la AFCI. Otra mirada, antagónica a ella, es una mirada más empresarial, a través de sectores más tecnificados con objetivos de producción y comercialización para exportación, que pretenden su uso para ganadería y actividad agrícola en sintonía con todo el proceso de expansión de la Frontera Agropecuaria. En el medio hay miradas que combinan estas dos miradas que, a priori, se contraponen”.

La identificación de las miradas diferentes pudo reflejarse en un trabajo de Mapeo Social Participativo, donde los actores pudieron volcar, con herramientas de planificación territorial, sus opiniones sobre el territorio y las áreas de bosques nativos. Se desarrollaron muchos talleres donde participaron todos estos actores, logrando generar 4 propuestas de desarrollo territorial que, sobre los aportes de la Ecología del Paisaje, se combinaron en una sola propuesta integradora.

La propuesta trata de alternar áreas de producción y conservación, evitando generar grandes paisajes productivos que puedan acarrear una pérdida de servicios ecosistémicos considerables. Este modelo conceptual organiza sectores para la producción combinado con espacios para la conservación. También se desarrollaron y utilizaron dos herramientas de mapeo e información, una que es un visor de datos que permite visualizar y descargar datos para su análisis local y tiene las fichas técnicas correspondientes https://ee-otbn.projects.earthengine.app/view/visorv2. La segunda herramienta es una mapeador que permite hacer una planificación, de acuerdo a criterios de importancia que cada actor asigna a cada categoría https://ee-otbn.projects.earthengine.app/view/mapeador

La Ley tiene tres categorías de conservación. Una que está tipificada como categoría Roja que tiene el máximo estatus de conservación. En áreas verdes se permite la conversión de bosques a tierras agrícolas o ganaderas. La zona amarilla es una zona de transición que permite el uso sustentable del bosque para la producción maderable o no maderable, el manejo forestal y el manejo del monte con ganadería integrada, que es lo que se conoce como MBGI.

En caso de Salta, la categoría Roja no tiene que ser menor a la que fue proyectada en 2009 que alcanzaba 1.200.000 hectáreas. La categoría Verde contempla un millón de hectáreas para relocalizar. La zona amarilla tiene contemplada aproximadamente 4.900.000 ha.

La elaboración del mapa final definió las diferentes categorías de conservación:
1. Categoría I. Muy alto valor de conservación (Rojo): 1.278.221 ha (16,95%)
2. Categoría II. Mediano valor de conservación (Amarillo): 5.539.750 ha (73,48%)
3. Categoría III. Bajo valor de conservación (Verde): 721.568 ha (9,57%) que pueden ser distribuidas en una categoría transitoria que se denominó Área de Producción y Conservación (APC en marrón) y que abarca 3.013.692 ha (39,97%).

La definición de una categoría transitoria tiene múltiples beneficios ambientales. Permitirá minimizar los impactos ambientales puntuales y acumulativos de los proyectos de cambio de uso de suelo que se aprueben en el futuro y facilitará el establecimiento de corredores ecológicos como una herramienta más de gestión.

La propuesta también tiene claros beneficios socioeconómicos y productivos. La definición de la categoría transitoria es innovadora conceptualmente y será positiva para todos los actores y productores del territorio ya que permite una asignación equitativa de zonas verdes a todos los productores agropecuarios de la provincia que estén ubicados en zonas con una potencialidad agrícola aceptable. Se promoverá de esta manera el desarrollo de una matriz combinada entre producción y conservación a nivel de paisaje, permitiendo un cierto nivel de intensificación agropecuaria a escala predial.

Un poco de contexto

Volante explica que cada cinco años, es necesario hacer una revisión del OTBN, pero el intento de revisión llevado a cabo entre 2008 y 2009 no logró la participación de todos los actores, ni pudo vincular los intereses y modos de habitar el territorio, sobre todo de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI). “Hoy estamos concluyendo una propuesta participativa que fue presentada al Gobierno de la provincia y que entendemos está teniendo buenas repercusiones y posibilidades de ser incorporada”. En 2022, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta convocó a una serie de instituciones nacionales como la UNSa, el INAI, el CONICET, el INTA y la APN, para que elaboraran una propuesta de Revisión con un enfoque que permita sortear los inconvenientes de los intentos anteriores. Primeramente, se avanzó con una propuesta técnica para actualizar la información del territorio y adecuar distintas herramientas para el análisis de esos datos. También se diseñó una propuesta de participación, que pudiera contemplar las opiniones de los distintos actores, que se pudieran vincular con el proceso de ordenamiento territorial.

Principio de progresividad y no regresividad
La Ley de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (26.331) y la Ley General del Ambiente (25.675) son dos leyes de presupuestos mínimos y mencionan que, aquellas actividades que estén vinculadas con la afectación del ambiente, tienen que estar basadas en un principio de progresividad en cuanto a la conservación. Por dicho motivo, cada acción o Normativa provincial que afecte bienes y recursos naturales obliga que la conservación debe ser progresiva o en aumento. La interpretación de ese principio es la no regresividad que marca un límite que no debe atravesarse.

Link visor, mapeador y nota P/12
https://ee-otbn.projects.earthengine.app/view/mapeador
https://ee-otbn.projects.earthengine.app/view/visorv2
https://www.pagina12.com.ar/608558-en-dos-semanas-estaria...

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