Al inicio de la “IX Jornada sobre Ética y Lucha Anticorrupción”, organizada por el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC), Adrián Comelli, presidente del CPIC, sostuvo que “la ética es condición ineludible del ejercicio profesional”. A continuación comenzaron los expositores.

En el panel denominado “Corrupción y Sociedad Civil”, Luis Villanueva, subsecretario de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción (OA), sostuvo que hay que poner el foco en prevenir la corrupción. “El daño político, reputacional, económico, para la democracia y el sistema político es el punto que tenemos que tratar de evitar”, dijo, y agregó que el Estado tiene áreas específicas para la investigación y sanción de la corrupción, como el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, y que es por ello que el ámbito del Poder Ejecutivo resulta el más adecuado para la prevención y el diseño de políticas de integridad.

Villanueva recordó que este foco en la prevención va en el mismo sentido que lo propuesto en la convenciones internacionales contra la corrupción de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos y en el informe sobre Argentina realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “La corrupción, que es un fenómeno complejo y que tiene muchas causas, requiere articulación con el sector privado y articulación del gobierno federal con provincias y municipios”, afirmó. Es por ello que la OA creó la red de áreas de integridad y transparencia en organismos y empresas estatales como AySA, PAMI, Anses y AFIP, entre otros. “En la medida que coordinan con nosotros, nos permite poder llegar a las instancias de toma de decisión con una perspectiva de integridad”, explicó.

Luego Villanueva comentó que, también a partir de lo señalado por la OCDE, “creamos una mesa de integridad, un espacio donde nos reunimos la Sigen, la OA, y otros organismos de control para crear articulación entre las políticas. Logramos una mayor eficacia en el control en tiempo real de los actos de gobierno”. Ante la audiencia, que siguió de manera remota el encuentro, el funcionario explicó el funcionamiento de la Estrategia Nacional de Integridad (ENI), que apunta a la transversalización de la integridad a lo largo y ancho de toda la administración pública y la adopción de una perspectiva integral, federal y plural. En este momento, la ENI cuenta con 82 iniciativas de 45 organismos y más de 1000 indicadores de seguimiento de las mismas.

Finalmente, se refirió a la elaboración participativa del proyecto de Ley de Integridad y Ética Pública propuesto por la Oficina. Invitó a los participantes a realizar sus aportes o consultas a través de la página web de la OA y resaltó algunos puntos de la propuesta. Entre ellos, remarcó que la nueva ley hace foco en la prevención de conflictos de intereses. Además, está previsto que la presentación de las Declaraciones Juradas vuelva a estar en el ámbito de la Oficina Anticorrupción y que incluya mayor información pública. Se incorporará el valor real de los inmuebles y no el valor fiscal como sucede en la actualidad. Destacó además que es fundamental que todos los poderes del Estado se incorporen a los controles previstos en la ley a través de organismos de aplicación. “Si la Justicia no se incorpora a la ética pública realmente hay un problema”.