Integridad y transparencia para luchar contra la corrupción


En el Día Internacional contra la Corrupción y a dos años del inicio del mandato del Presidente Macri, es importante hacer un balance de lo que hemos avanzado y todo los desafíos que enfrentamos. El Estado argentino y el Poder Ejecutivo, en particular, se ha comprometido a luchar contra la corrupción promoviendo reformas legales, administrativas y tecnológicas para aumentar a transparencia, la rendición de cuentas y el control de los funcionarios, y los recursos públicos. En diciembre de 2015 se propició un cambio de paradigma y, desde entonces, la lucha contra la corrupción es uno de los pilares fundamentales del combate a la pobreza y el pavimento del camino hacia el desarrollo sustentable de la Argentina.

La promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley del Arrepentido, la Ley de Técnicas Especializadas de Investigación, la Ley de Participación Público Privada y la reciente aprobación de las leyes de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en la corrupción y la nueva de Competencia y Antimonopolio son una demostración de la amplitud y profundidad de una agenda que ha construido mayorías parlamentarias importantes. A estos avances se suman otras políticas que ha puesto en marcha el Presidente Macri como la de gobierno y datos abiertos, la incorporación de los sistemas electrónicos de contratación de bienes, servicios y obra pública, la implementación del sistema de gestión documental, y, el aumento del control y la prevención de los conflictos de intereses de los funcionarios públicos y la cooperación del sector privado. El trabajo articulado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y distintas áreas transversales del gobierno (Modernización, SIGEN, Oficina Anticorrupción, PTN) han garantizado el fortalecimiento de políticas específicas en AFIP, ANSES, INCAA y Vialidad, sólo por mencionar algunos.

La Red de Empresas de Propiedad Estatal por la Transparencia ya reúne a más de 30 empresas del Estado nacionales y comienzan a sumarse las porteñas y bonaerenses. Recientemente, el Ministro de Energía manifestó la voluntad del Estado argentino de adherir a la Iniciativa Global de Transparencia de las Industrias Extractivas. En la misma área, el Plan RenovAR muestra cifras impactantes producto de un cambio notorio en la forma de contratar. El Ministerio de Transporte reporta cifras millonarias del (llamémoslo) ahorro producido por las contrataciones abiertas y transparentes. La implementación del sistema electrónico ComprAR ha multiplicado la competencia en las licitaciones de bienes y servicios. En Vialidad, la incorporación de cláusulas de integridad y una línea de reporte en los pliegos ha duplicado la concurrencia de oferentes. No es magia: son políticas de transparencia e integridad diseñadas para aumentar la confianza en las instutuciones públicas.

Algunos estudios internacionales comienzan a mostrar el impacto positivo del cambio: en 2016, Argentina escaló doce posiciones y mejoró su calificación en el índice de Transparency International, lo que denota una importante disminución en la percepción de corrupción a nivel mundial. En cuanto al Global Competitiveness Report del Foro Económico Mundial, Argentina mejoró doce puestos en 2017, impulsada por un notorio incremento de la confianza en las instituciones públicas, privadas y en la innovación. Sin embargo, no es suficiente. Podemos lograr muchos avances en poco tiempo si el compromiso con esta agenda atraviesa las diferencias partidarias, ideológicas, de sectores y poderes. Se requiere de un amplio compromiso de todos los poderes del Estado nacional, las provincias, los municipios, el sector privado, los sindicatos, la academia y la sociedad civil.

Este año adherimos también a la Recomendación sobre Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que está llevando adelante un Estudio y Revisión del Sistema de Integridad Pública que estará listo en 2018. Este nos permitirá articular un Plan Nacional Anticorrupción que dé cuenta de los avances y de los desafíos de mediano y largo plazo.

La corrupción no es una opción en esta Argentina que reconoce el trabajo, la educación y el respeto a la ley como pilares fundamentales de la convivencia y el desarrollo sustentable. Por eso, debemos intensificar los esfuerzos, aumentar la inversión pública y privada en esta agenda, y, seguir produciendo reformas institucionales significativas y duraderas. En 2018, estará listo el proyecto de nueva Ley de Integridad Pública y debe avanzar la implementación del nuevo Código Procesal Penal y los cambios en el Ministerio Público que producirán un impacto en la velocidad de las investigaciones judiciales. También deberá establecerse un nuevo régimen de financiamiento de los partidos políticos. La lucha contra la corrupción no puede librarse aisladamente, implica el compromiso de todos pero fundamentalmente de los líderes políticos, judiciales, partidarios, intelectuales, empresariales, sindicales y sociales. El camino aún es largo e impone altos desafíos. En la celebración del Día Internacional contra la Corrupción es necesario celebrar los avances pero más aún apostar a la intensificación y la profundización del compromiso con esta agenda de lucha contra la corrupción para proyectar un futuro distinto y mejor para todos los argentinos.

Laura Alonso, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Oficina Anticorrupción. Argentina.