En la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, fue aprobada este 22 de noviembre una ordenanza de cupo laboral, destinado a las víctimas rescatadas del delito de trata y explotación, con el objeto de promover la inclusión laboral y la restitución de derechos, de conformidad a lo establecido por la Ley Nacional Nº 26.364 y sus modificatorias.

La normativa, aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante, establece en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, el cupo de personas víctimas del delito mencionado "que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal de planta permanente".

De acuerdo a la ordenanza, la autoridad de aplicación, la Dirección de Inclusión Socio-Económica, dependiente de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad, deberá garantizar:

a) La capacitación laboral obligatoria y remunerada de las personas aspirantes a cualquier puesto laboral requerido por los mismo;

b) campañas de difusión masivas del presente plan de inserción laboral, tanto en medios radiales, televisivos, redes sociales, las que deberán ser elaboradas convocando a las organizaciones que luchan por este derecho y a la comunidad educativa.

En todos los casos, deberá resguardarse la intimidad y confidencialidad de la información.

De esta forma, la provincia de Misiones ya cuenta con ordenanzas de cupo laboral y difusión de la Línea 145 en las localidades de Eldorado, Caraguatay, Santa Ana, Pto. Libertad, Campo Viera, y Posadas, mientras que Puerto Esperanza aprobó recientemente la ordenanza de difusión de la línea de denuncias anónima y gratuita.

Provincia de Córdoba

Por otra parte, dos nuevas ordenanzas de difusión de la línea 145 y capacitación fueron aprobadas durante la pasada semana en las ciudades de La Falda y Villa Giardino, contabilizando así un total de cinco ordenanzas en la Provincia de Córdoba, junto a las localidades de Malvinas Argentinas, Carlos Paz, y Valle Hermoso.

De esta forma, ya son 46 municipios en todo el país los que sancionaron normas que fijan un cupo del 1 % de la planta municipal para favorecer la reinserción laboral de personas que fueron víctimas del delito de trata de personas; mientras que en 76 municipios se sancionaron ordenanzas que establecen la difusión masiva en edificios públicos, sitios de alta concurrencia, o transporte público, de la línea nacional, anónima y gratuita 145 para denunciar situaciones de explotación sexual o laboral.