Gustavo Vera participó del Curso Interamericano sobre Migraciones Internacionales
Convocado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de Naciones Unidas, el encuentro incluyó a especialistas y funcionarios de América del Sur y Central.
Este martes 3 de octubre el director operativo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, Gustavo Vera, participó del XLV Curso Interamericano sobre Migraciones Internacionales, que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), organismo de las Naciones Unidas. El encuentro reunió a referentes, especialistas y funcionarios de ministerios de una quincena de países de América del Sur y América Central.
El curso tuvo por objeto capacitar al personal profesional de los gobiernos acerca del fenómeno migratorio en la región; proporcionar, desde un enfoque de derechos humanos, conocimientos teóricos y aplicados que faciliten la búsqueda de mecanismos adecuados para mejorar la gobernanza y regularización de los procesos migratorios; posibilitar el intercambio de conocimientos, experiencias y metodologías de trabajo en materia de migraciones internacionales entre representantes de gobierno de diversos países del continente.
Vera disertó en el panel denominado “Trata de personas - Desafíos para la región”, abrió el debate sobre los desafíos para prevenir y combatir este delito, explicando los cuatro factores cruciales que han incrementado y complejizado la problemática de la trata en los últimos años: el Cambio Climático, por las migraciones forzadas que se producen a partir de procesos como fuertes sequías e inundaciones; las guerras, por los desplazamientos poblaciones que generan; la pandemia por la destrucción del aparato productivo que ocasionó; y la revolución de las comunicaciones que facilita a las redes de trata el aprovechamiento espurio de las consecuencias de los tres factores anteriores.
Frente a esta situación, “el delito sube por el ascensor y su combate por la escalera”, expresó Vera.
También se refirió a las nuevas modalidades de la trata, entre las que destacó especialmente el crecimiento de las organizaciones coercitivas, que generan situaciones de explotación sexual y/o laboral enmascaradas bajo la apariencia de organizaciones de ayuda a personas con consumos problemáticos o de grupos pseudo religiosos o de asistencia espiritual.
Asimismo hizo mención a la relación de la virtualidad con las redes de trata, especialmente entre las personas más jóvenes, siendo esencial el trabajo de prevención en las escuelas, ya que “es crucial la denuncia de los compañeros cuando un estudiante desaparece, informando si hubo, por ejemplo, algún contacto sospechoso o algún pago sospechoso de pasajes”.
Vera destacó la importancia de la Plataforma Regional constituida por 12 países sudamericanos, que se ha planteado alcanzar 60 objetivos en la prevención, el combate a la trata y la asistencia a sus víctimas, entre ellos reforzar el trabajo frontera, el desarrollo de investigaciones conjuntas, y asegurar la efectividad de teléfonos rojos para accionar de manera inmediata entre los distintos países ante casos que puedan trascender las fronteras nacionales.
Por último, el director operativo del Comité expresó sus felicitaciones a Eurofront y a la OIM por el rol asumido y el apoyo brindado a la realización de esta Plataforma Regional de lucha contra la trata y la explotación de personas, y manifestó la necesidad de profundizar el trabajo conjunto con otras redes regionales que trabajan en igual sentido.
Alba Goycochea de la Oficina Regional de OIM para América del Sur resaltó por su parte la importancia del abordaje del delito de trata desde la práctica y la amplia experiencia en la materia del director del Comité.
Participaron, entre otros: Mariela Olivari, asesora de la Dirección General de RRII, Ministerio de Trabajo de la Argentina; María Delfina Gorriz, Dirección de Asuntos de Género y Diversidad, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina; Yanina Tranchida, de la Dirección Nacional de Migraciones de la Argentina; Silvia Cristina Tavares da Silva, coordinadora del Consejo Nacional de Inmigración, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil; Carolina Andrade Moll, directora subrogante de la Dirección Regional de Los Ríos, SERMIG, Chile; Constanza Arriagada, profesional del Departamento de Planificación y Control de Gestión, SERMIG, Chile; Romina Bravo, asesora de Gabinete DIGECONSU, Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile; Margarita María Bautista, subdirectora de Extranjería de Migración, Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; Mauro Silva, director de Visados y Naturalizaciones, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador; Andrés Zilbervarg, defensor público, Ministerio de la Defensa Pública del Paraguay; Paulo Andre Ostolaza Mendoza, coordinador de la Unidad Funcional de Servicios Migratorios de la Jefatura Zonal de Chimbote, Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú; Adriana Ayala Osso, tercera secretaria del Servicio Diplomático, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú; Pablo Esteva, jefe de Aeropuerto de Carrasco, Dirección Nacional de Migraciones del Uruguay; Josneiker Jossue González Angulo, analista en la Oficina de Relaciones Consulares, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela; Ivette Lamigueiro Cañedo, especialista en Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional, Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba; Steven Jiménez Méndez, asesor legal Presidencia Ejecutiva, Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica; Carolina Aguilar, profesional III de la Dirección de Asuntos Migratorios, Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala; Armando Arriaga Ochoategui, ministro de la Dirección General de Movilidad Humana y Desarrollo de México; Layda Mojica, subdirectora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá; Candido Omar Mercedes Polanco, director de Servicios Consulares del Viceministerio para Asuntos Consulares y Migratorios de República Dominicana.
De esta manera, se siguen afianzando los vínculos entre los distintos gobiernos de la región, una red indispensable para profundizar la prevención y el combate a un delito altamente complejo que atraviesa las fronteras.