Garavano y Highton inauguraron el primer Hospital de Derechos de Argentina


El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano y la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, inauguraron hoy en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires el primer Hospital de Derechos de la Argentina, que diagnosticará preventivamente y resolverá problemas legales de la población.

El CAJ-Hospital de Derechos es un centro integral que ofrece, en un solo lugar, asesoramiento gratuito para la realización de trámites y la resolución de problemas legales desde el más sencillo al más complejo.

El Ministro de Justicia destacó que "el Hospital de Derechos es el resultado del trabajo interinstitucional de más de veinte organismos dedicados a acompañar a las personas que más lo necesitan, ayudándolas a solucionar sus problemas y realizar sus derechos".

El espacio, ubicado en avenida Rivadavia 2690 del porteño barrio de Once, amplía las respuestas que brindan los Centros de Acceso a Justicia (CAJ), centralizando en un solo lugar los servicios legales que brindan los organismos de la Administración Pública, las defensorías y las fiscalías.

"Se trata de un modelo innovador de atención al ciudadano que ofrece soluciones ajustadas a cada necesidad legal, brindando asesoría personalizada y sistemática. Los consultantes tendrán la oportunidad de realizar el Chequeo de Salud Legal, un diagnóstico que permitirá identificar de manera temprana problemas en temas como documentación, vivienda, ingresos, trabajo, educación, violencia, familia, entre otros" remarcó Garavano.

Este centro de respuesta integral brindará todo tipo de servicios legales, desde información, orientación, asesoramiento, asistencia, acompañamiento, mediación, gestión y realización de denuncias, hasta patrocinio jurídico prejudicial o judicial.

Además, funcionará como un espacio de referencia para el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas del Delito (CENAVID), que coordinará las acciones de las instituciones que intervienen en el asesoramiento legal y el acompañamiento psicosocial de las víctimas de delitos.

También dará lugar al primer laboratorio de innovación de políticas de acceso a justicia, cuyo fin es proponer políticas para adecuar los procesos de trabajo y mejorar la atención al ciudadano en el ámbito de la administración pública.

En esta línea, se busca concretar el principio de eficiencia, calidad y capacidad de respuesta de los servicios del Estado; profesionalizar a los operadores estatales en la atención mediante espacios de formación permanente; agotar los recursos de atención del hospital legal antes de cualquier derivación; y generar espacios de participación y fortalecimiento institucional.

Garavano, acompañado por el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, la subsecretaria de Acceso a la Justicia, María Fernanda Rodríguez, y el director nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gustavo Maurino, resaltó que "la red federal conformada por 90 Centros de Acceso a Justicia con presencia en todas las provincias atiende y acompaña a más de 400 mil personas por año".

Participaron de la inauguración y suscribieron los convenios de acciones conjuntas con el Ministerio de Justicia el procurador General de la Nación, Eduardo Casal; Alejandro Amor, defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA; Luis Cevasco, fiscal General de CABA, y Horacio Corti, defensor General de CABA.

También lo hicieron , Gabriel Astarloa, procurador General de CABA; Yael Bendel, asesora General Tutelar de CABA; Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de CABA y Mauro Riano, secretario General de Acceso a la Justicia de la Defensoria General de CABA.

El CAJ-Hospital de Derechos cuenta con servicios de los ministerios de Interior, de Producción, de Salud y Desarrollo Social, de la Anses, de los ministerios públicos de la Defensa y Fiscal de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio Público Tutelar, la Superintendencia de Salud, las direcciones nacionales de Readaptación Social y de Defensa del Consumidor, y las facultades de Derecho de las universidades de Buenos Aires y Católica Argentina.

Las bases del proyecto se discutieron a través del programa Justicia 2020, en el marco del trabajo conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.