El Tribunal Oral Federal Nº 5 empezó a juzgar a dos represores, Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta y Alberto Eduardo González. Están acusados de cometer delitos de índole sexual en perjuicio de tres sobrevivientes que estaban detenidas ilegalmente en la ESMA. En uno de los casos, los delitos sexuales ocurrieron de manera reiterada, mediante el uso de fuerza o la intimidación, durante 1977 y principios de 1978.

La violencia sexual fue un aspecto más de la represión ilegal que la dictadura cívico militar ejerció sobre miles de víctimas, pero durante mucho tiempo estuvo diluida dentro de la figura del delito de “tormentos”. Desde hace una década diversos tribunales del país empezaron a considerar a los delitos sexuales como crímenes contra la humanidad. Por consiguiente, empezaron a visibilizarse y a juzgarse como delitos autónomos. Diferentes fallos judiciales demostraron que los abusos, las violaciones y los tocamientos fueron una práctica extendida en la mayoría de los centros clandestinos.

La Secretaría de Derechos Humanos acompaña a las víctimas de este nuevo juicio a través de la Dirección de Asistencia a Testigos Víctimas, que depende de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Nacionales en Materia de Derechos Humanos (ex Dirección Nacional del Programa Verdad y Justicia). El TOF Nº 5 lo integran los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñíguez.
Este nuevo juicio por los crímenes de la ESMA se suma a otro proceso oral en marcha (ESMA IV), que empezó en agosto de 2018, lleva más de dos años de audiencias y juzga privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los marinos. En ese otro tramo, se analizan los casos de 816 víctimas y se juzgan a nueve imputados.

“Este nuevo tramo de la causa ESMA es importante porque, más allá de que Acosta y González ya recibieron otras condenas y están presos, esta vez los juzgan por delitos de índole sexual. Eso tiene que ver con una lucha que durante muchos años llevaron adelante querellantes, organismos de derechos humanos, parte de la justicia, fiscales y la Secretaría de Derechos Humanos”, afirmó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. Y agregó: “Los delitos sexuales habían quedado invisibilizados y ahora están empezando a cobrar relevancia. Son cada vez más los imputados que están siendo juzgados por este delito”.

Precisamente, es un temática que desde la Secretaría de Derechos Humanos se viene trabajando. “En pocos días vamos a anunciar una capacitación para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra secretaría, sobre todo para el equipo de abogados y abogadas querellantes, sobre la perspectiva de género en el abordaje de los casos de terrorismo de Estado”, anunció Pietragalla Corti.

LOS TESTIMONIOS

Una de las víctimas narró durante la instrucción de la causa ESMA V que mientras estaba privada ilegítimamente de su libertad, y al poco tiempo de haber dado a luz, se le acercó “El Tigre” Acosta, “la llevó a un salita y le dijo que tenía que adelgazar porque estaba muy gorda y tenía que estar en mejores condiciones físicas”, se lee en el auto de elevación a juicio.

El represor también le dijo que debía entender que, como no había entregado a nadie desde su detención, no estaba probado cuál era su grado de recuperación. Le planteó que la mejor manera de “demostrarles que no los odiaba” era manteniendo una relación física con alguno de ellos. Esa situación, le dijo Acosta, era parte de un “proceso de recuperación” y el “camino correcto” si quería algún día salir en libertad para reencontrarse con su marido y su bebé. De acuerdo con la instrucción de la causa, Acosta se aprovechó del “poder y autoridad que ejercía sobre la víctima”, que no “podía consentir libremente sus acciones”.

Pasados unos meses, González, que era el encargado de custodiarla en la ESMA, se presentó en su celda y le dijo que se vistiera. La sacó del predio y la llevó a un hotel ubicado en el barrio de Belgrano. Allí la sometió sexualmente por primera vez. Esa situación se repitió entre diez y quince veces más.

El predio de la ESMA, que estaba bajo la órbita de la Armada, fue uno de los más de 700 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron en todo el país durante la dictadura cívico militar. Acosta era, al momento de los hechos, jefe de Inteligencia y jefe del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA. González, en tanto, era oficial de Inteligencia e integrante del GT 3.3.2. Actualmente los dos están detenidos en cárcel común cumpliendo condenas por otros crímenes de lesa humanidad.

ALGUNOS ANTECEDENTES

Recién en junio de 2010 los delitos sexuales se trataron en un juicio oral como delitos autónomos. Ese año el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó al ex suboficial de la Fuerza Áerea Gregorio Rafael Molina, ex jefe del centro clandestino La Cueva, a prisión perpetua por “violación agravada” en cinco hechos consumados y otro en grado de tentativa, en perjuicio de dos víctimas. En el mismo juicio el tribunal lo halló culpable de ser partícipe de los homicidios de los abogados Norberto Oscar Centeno y Jorge Roberto Candeloro, dos de las víctimas de “La noche de las corbatas”.

En la sentencia, los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Elena Torterola y Juan Carlos Paris señalaron: “Era habitual que las mujeres ilegalmente detenidas en los centros clandestino de detención fuesen sometidas sexualmente por sus captores o guardianes. Los agresores, al llevar adelante estas aberrantes prácticas sexuales, contaban con la impunidad que traía aparejada el silencio de las víctimas quienes por miedo, prejuicio o vergüenza se negaban a denunciar las vejaciones o sometimientos de índole sexual sufridos, constituyendo durante mucho tiempo un ‘secreto a voces’”.

Dos años despues, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo. “Los abusos sexuales por los que fue acusado, juzgado y condenado Gregorio Rafael Molina constituyen parte del ataque generalizado contra la población civil diseñado por el último gobierno militar en el marco del plan sistemático de represión estatal que habilita la caracterización de delitos de lesa humanidad y los torna imprescriptibles”, remarcaron los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. Fue la primera vez que el máximo tribunal penal del país ratificaba una condena por delitos sexuales, calificados autónomamente como crímenes de lesa humanidad.

Según los últimos datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hasta marzo pasado, de las 241 sentencias dictadas por crímenes de lesa humanidad, 31 contemplaron delitos por violencia sexual. Esas condenas fueron por hechos que damnificaron a 112 víctimas: 97 mujeres y 15 varones. Y de un total de 968 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, 103 fueron responsabilizadas por delitos sexuales.

“De los testimonios surge nítidamente que las agresiones sexuales a las que fueron sometidos los detenidos no configuraron situaciones aisladas, sino que formaron parte de este plan general de aniquilamiento y degradación de la subjetividad de las personas”, se explica en el texto “Violencia de género y abusos sexuales en centros clandestinos de detención”, de la socióloga Lorena Balardini, la abogada Ana Oberlin y la psiquiatra y psicoanalista Laura Sobredo, directora del Centro Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos. Allí señalan que la “ruptura brutal de barreras primitivas constitutivas de lo humano como el pudor y la vergüenza fueron modos conocidos por los torturadores de intentar doblegar a sus víctimas”.

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