El ministro de Justicia, Martín Soria, participó del acto institucional por el 31 aniversario del ataque terrorista a la Embajada de Israel en Buenos Aires, cometido el 17 de marzo de 1992, que causó 29 muertos y cientos de heridos.

Del tradicional acto en la plaza seca de Arroyo y Suipacha, donde antes funcionaba la sede diplomática israelí, participaron el embajador del Estado de Israel, Eyal Sela; Alberto Kupersmid, sobreviviente del atentado que habló en representación de los familiares de las víctimas y de los más de doscientos sobrevivientes; representantes religiosos; el Jefe de Gabinete, Agustin Rossi, los ministros y ministras de Defensa (Jorge Taiana) Educación (Jaime Perczyk), Transporte (Diego Giuliano) y Trabajo (Kelly Olmos); y autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante las palabras que el ministro Soria expresó en representación del Gobierno nacional, se refirió a “la hermandad” entre el pueblo argentino y el israelí, destacando particularmente el “camino en común que nos ha llevado, a ambos pueblos, a incorporar la memoria como un elemento fundamental de nuestras sociedades.

En esa línea, expresó que “la memoria debe ir siempre acompañada de Verdad y de Justicia. Los pueblos sin memoria están condenados a repetir su pasado. De la misma en una sociedad sin justicia, los crímenes pueden volver a repetirse” en una clara referencia al atentado a la sede de la AMIA de 1994.

El discurso del ministro de Justicia de la Nación puso el foco en la responsabilidad del Estado argentino: “a la hora de hablar de éste criminal y trágico hecho, debemos partir de una base innegable y necesaria, que es la responsabilidad del Estado Nacional. Responsable por no haber podido prevenir este atentado, por no haber investigado correctamente y de no haber juzgado y castigado a los culpables”.

Durante distintos pasajes de su alocución, Soria subrayó el nulo avance en la investigación judicial y la vulneración del derecho a la justicia a todos los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas. El atentado a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA “tuvieron la misma motivación, el odio al pueblo de Israel y la implantación del terror. Lo dictaminó la corte suprema en el año 1999, hace más de dos décadas, en casi el único avance que lamentablemente ha tenido la causa en todo este tiempo”.

Los artículos 116 y 117 de la constitución nacional establecen la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte Suprema De Justicia y de la Procuración General de la Nación cuando se trata de casos que involucran a embajadores, ministros y cónsules extranjeros.

A su vez, pidió el “mayor de los repudios” a la “la responsabilidad de Hezbollah y a la falta de cooperación de la Republica Islámica de Irán para encontrar a los culpables”.
Asimismo, explicó que dijo presente para “Rendir cuentas” sobre las acciones que se están llevando a cabo desde el Poder Ejecutivo para COLABORAR en el esclarecimiento del atentado del 17 de marzo de 1992 “para que esta gran herida deje de sangrar como sangra desde hace ya 31 años”.

En esa línea, hizo referencia al reconocimiento de responsabilidad del Estado Argentino en el marco del reclamo internacional por el atentado terrorista a la AMIA, realizado en octubre de 2022 por instrucciones del Presidente de la Nación: “allí admitimos que ese cobarde acto de terrorismo internacional, sucedido apenas dos años después, no habría sido posible, si el atentado contra la embajada no hubiera quedado impune y se hubieran adoptado rápidamente medidas de prevención y seguridad necesarias”.

Finalmente se refirió a la decisión política de reactivar y rejerarquizar la Unidad Especial de Investigación del atentado a la Sede de la AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dependencia que no tiene competencias judiciales, sino que su función es, entre otras, la de colaborar y gestionar los requerimientos del Poder Judicial y de la UFI AMIA del Ministerio Público Fiscal que guarden relación con la causa AMIA y causas conexas, así como el impulso de las investigaciones en las que el Ministerio de Justicia es querellante.

Al respecto de dicha Unidad, actualmente a cargo de Natalia D’Alessandro, afirmó que el actual Gobierno la recuperó de “la degradación en la que la habían sumergido”, con el objetivo de “asumir un compromiso institucional con el esclarecimiento del hecho y la condena a los responsables” y terminar “ese triste período en el que algunos intentaron dejar de impulsar el esclarecimiento del encubrimiento para condenar al olvido la investigación judicial del atentado a la AMIA”.