El Observatorio de Políticas de Integridad de la OA avanza en la construcción de sus primeras políticas
Los miembros del Observatorio aprobaron los documentos “Guía para la elaboración de Programas de Integridad” y “Propuesta de Programa Integral de Formación en Ética Pública”.
El pasado 20 de agosto tuvo lugar en la sede de la Oficina Anticorrupción (OA) una nueva reunión del Observatorio de Políticas de Integridad (OPI) la cual contó -además- con la presencia de representantes de la Agencia de Acceso a la Información Pública y la SIGEN.
Durante el encuentro se consensuó el texto final de la “Guía para la elaboración de Programas de Integridad” y de la “Propuesta de Programa Integral de Formación en Ética Pública”, los cuales se elevaron para la consideración y aprobación por parte de las autoridades correspondientes.
La Guía, impulsada y promovida por la Oficina Anticorrupción, recibió más de 60 aportes de los integrantes del Observatorio, que enriquecieron su contenido. Este documento pretende ser una hoja de ruta para la elaboración y puesta en marcha de programas de integridad en el ámbito de jurisdicciones, organismos, entidades y empresas que integran el sector público, acordes a los riesgos, características específicas y desafíos de cada uno de ellos. Parte de un enfoque metodológico que abarca desde la planificación hasta la evaluación, destacando la importancia del liderazgo institucional y el uso de evidencia para la toma de decisiones. En tal sentido, se destaca que su efectividad requerirá de indicadores que permitan medir avances, detectar desvíos y generar mejoras continuas.
Por su parte, la propuesta de Programa Integral de Formación en Ética Pública, que también recibió múltiples aportes del Observatorio, en particular de las instituciones académicas y asociaciones profesionales que lo integran, tiene por objeto construir capacidades en materia de integridad pública en todos aquellos que se desempeñan en el ámbito del Sector Público nacional. Hace foco en la importancia de renovar los enfoques metodológicos tradicionales y dotar las acciones de formación de una perspectiva realista y práctica, segmentada según la jerarquía, responsabilidades y riesgos de los distintos roles en el Estado.
Durante el encuentro, Carina Larocca, directora de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, repasó las contribuciones y sugerencias recibidas, destacando su valor para robustecer las políticas impulsadas. Asimismo agradeció la participación de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en la elaboración de los documentos con los que se inició el proceso de discusión, reconociendo la importancia del trabajo colaborativo para construir una cultura de integridad en la función pública.
El Observatorio de Políticas de Integridad (OPI) es un espacio de participación intersectorial e interinstitucional destinado a contribuir en el diseño, evaluación y mejora de las políticas públicas sobre integridad y transparencia, como así también a fortalecer la articulación y sinergia entre los distintos organismos del estado nacional, la sociedad civil y otras instituciones relevantes en esta materia. En el OPI están representadas organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto se relaciona con las políticas anticorrupción, universidades y otras instituciones académicas, así como cámaras, consejos profesionales u otras organizaciones del sector privado que ─en el marco de sus actividades─ interactúen o se vinculen con el Estado nacional.
Participaron de la reunión las siguientes instituciones que conforman el Observatorio: Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana (AHK), Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Centro de Estudios Anticorrupción del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés (UDESA), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Bs.As. (CPCE), Directorio Legislativo, Fundación Poder Ciudadano, el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Austral y la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE).
Además se contó con la presencia de Catalina Byrne, directora de Transparencia Activa de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), Silvana Parodi, secretaria académica del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública de la SIGEN y Marina Caracini subgerente de Planificación Educativa de dicha entidad.
