Teodoro Aníbal Gauto prestó funciones en el Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata entre los años 1975/1979, como personal civil de Inteligencia. Ese destacamento tuvo un rol preponderante en el terrorismo de Estado, tanto en lo referente al señalamiento de las personas a detener, como en la dirección de los interrogatorios que se efectuaban bajo tortura.

Gauto estuvo prófugo de la Justicia argentina hasta el año 2018 y, gracias a las investigaciones realizadas por Slutzky, pudo determinarse que se radicó en Israel, país al que emigró de forma irregular en el año 2002. Todos los pedidos de la Justicia argentina para que sea juzgado en el país fueron rechazados. El ex Personal Civil de Inteligencia del Ejército tuvo orden de captura de Interpol durante ocho años hasta que el pedido fue dado de baja cuando el juez federal Ernesto Kreplak fue apartado de las causas de lesa humanidad por una recusación del genocida Jaime Lamont Smart. Su reemplazo, el juez subrogante Adolfo Gabino Ziulu, dio de baja el pedido de detención a pedido de la defensa.

Durante la reunión los familiares expusieron al Ministro de Justicia el desarrollo y las dificultades que hoy atraviesa la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de La Plata, que tiene a Aníbal Gauto como imputado.

“Desde 2003, con los gobiernos de Néstor y Cristina, impulsamos la memoria, verdad y justicia para que nunca más volvamos a los tiempos de oscuridad y terrorismo de Estado que vivimos durante los años de la última Dictadura cívico-militar. Desde la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio, querellante en la causa por los crímenes de lesa humanidad cometido en "La Cacha" en la que está imputado Gauto, impulsaremos todas las medidas que sean necesarias para que los atroces crímenes cometidos no queden impunes” afirmó el ministro Soria.

A instancias de la querella de la Secretaría de DDHH, Sergio Slutzky declaró como testigo el 11 de marzo de 2022. Y el día 14 de julio de 2022, se solicitó medidas de prueba tendientes a incorporar fotografías de Gauta, que no se encuentran agregadas a la causa. Dicha presentación aún no ha sido proveída.

El periodista Sergio Slutzky agradeció al Ministro en nombre de todos los familiares por la predisposición y celebró que el Ministro comparta el entendimiento de que el caso de Gauto no puede quedar impune ya que “una persona imputada por crímenes de lesa humanidad no puede estar tranquilamente viviendo en otro país, sin poder ser indagada y juzgada en Argentina porque en algún momento se fue a Israel engañando a autoridades argentinas e israelíes”.

Por esto mismo los familiares plantean que Israel podría anular la ciudadanía israelí de Gauto para facilitar la deportación del exespía de inteligencia de la Dictadura a la Argentina, “llegó a Israel mintiendo en la declaración jurada que realizó ya que estaba en medio de un juicio por estafa al Banco Central de la Argentina, donde trabajaba. Teóricamente podrían sacarle la ciudadanía por eso, pero parece que hay algún tipo de gato encerrado, que en la práctica es algún tipo de protección” dijo Slutzky.

Junto a Sergio Slutzky, participaron de la reunión con el Ministro de Justicia y DDHH las integrantes de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Judíos en Argentina, Zulema Chester – coordinadora del Espacio para la Memoria «El Chalet» del Hospital Posadas e hija de Jacobo Chester, desaparecido y asesinado en 1976 – y por Natalia Rus - hermana de Daniel Rus, secuestrado y desaparecido el 15 de Julio de 1977.

Delitos cometidos en el Centro Clandestino de Detención “La Cacha”

La causa fue elevada a juicio, cuyo debate oral y público se llevó a cabo durante el año 2014. Durante el proceso judicial, se puso de relieve la participación del Personal Civil de Inteligencia del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, a la hora de cumplir funciones de “guardias” en La Cacha. Por tales motivos fueron condenados los agentes secretos Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande y Rufino Batalla a la pena de 12 años de prisión. En cuanto a Teodoro Aníbal Gauto, su responsabilidad no pudo ser juzgada en razón de que se encontraba prófugo de la justicia.

Esa condena, fue confirmada el 7 de mayo de 2021 por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, fue revisada en cuanto al nivel de participación de los imputados —tal como había sido planteado por las partes acusadoras—, pasando a ser considerados coautores. En consecuencia, la Cámara de Casación ordenó el reenvío de la causa al tribunal oral para revisar la pena impuesta, que podría elevarse a la pena de prisión perpetua.