El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, dispuso la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), con sede social en CABA y presidido por Patricia Bullrich.

La intervención solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, se fundamenta en la instrucción realizada por la IGJ en la cual se determinó que desde el IEES se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar.

Asimismo, las actuaciones sumariales realizadas determinaron que -bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro como es el IEES- “se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata".

También se detectaron irregularidades contables y administrativas: se verificó un crecimiento exponencial de los ingresos y egresos del IEES, pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos; el incremento de los ingresos es coincidentes con actividades políticas personales desplegadas por la Presidenta del IEES, Patricia Bullrich; pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido “Unión por la Libertad”.

El sumario instruido por la IGJ incluyó visitas de inspección, documentación aportada por la propia entidad, compulsa de información de acceso público, entre otras medidas, y fue iniciado de oficio luego de que los diarios Perfil, el Cronista y Pagina12 den cuenta de la realización de actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Patricia Bullrich y pagos a Gerardo Milman vinculados al IEES.

La intervención por 180 días hábiles dispuesta el día de la fecha se concreta luego que la resolución recaída en la Causa “Inspección General de Justicia c/Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/Medidas Precautorias” (CIV 24775/2023), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28, ha adquirido firmeza.

Por último, la IGJ determinó que la utilización estructural y financiera del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad para la campaña política nacional de la Presidenta de la Institución no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles -al punto que podría configurarse la inoponibilidad de la personalidad jurídica prevista en el artículo 144 del Código citado-, sino también podría implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos.

La Ley 22.315 establece en su artículo 10 inciso J, que la IGJ podrá solicitar al Ministro de Justicia de la Nación la intervención de asociaciones civiles o fundaciones cuando se verifiquen actos graves que importen violación de la ley, si existen irregularidades no subsanables o no pueden cumplir su objeto, o cuando la medida resulta necesaria en resguardo del interés público, entre otros.

La Inspección General de Justicia es el organismo encargado de verificar la legalidad de los objetos sociales de las asociaciones civiles, autorizar su funcionamiento y realizar el control permanente de dichas entidades para evitar la indebida utilización de la persona jurídica registrada.