Presidencia de la Nación

El Ministerio de Economía participó de un webinar en el que se analizó el impacto de los programas del FMI sobre los derechos humanos en los países de la región

 


El Subsecretario de Servicios Financieros de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Economía, Mariano Sardi, participó de un webinar organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), donde se debatió el impacto de los programas de préstamo del organismo financiero internacional y el asesoramiento sobre políticas en materia de derechos humanos, basándose en nueva evidencia de episodios recientes de consolidación fiscal en países de América Latina y el Caribe en el contexto del Covid-19.

Durante la conferencia, titulada "Cambiar las reglas para una recuperación justa: Alinear el trabajo del FMI con los derechos humanos y la justicia fiscal en América Latina y el Caribe", se analizaron distintas recomendaciones sobre cómo realizar evaluaciones del impacto de las condicionalidades del FMI en los DD.HH. y se abordaron las demandas de las organizaciones de justicia fiscal en la región.

Al respecto, Sardi se refirió a “la inclusión financiera como derecho humano” e hizo referencia al reciente relanzamiento en la Argentina del Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera (CCIF), un ámbito que tiene por objetivo avanzar en la reformulación de la estrategia nacional de inclusión financiera para el desarrollo de políticas de acceso a servicios bancarios y financieros de sectores vulnerables, adultos mayores, trabajadores informales considerando el objetivo transversal de eliminar las brechas de género.

El subsecretario de Servicios Financieros es, además, vicepresidente del CCIF, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Finanzas. Se trata de un ámbito de articulación entre 14 áreas del Estado Nacional, encargado de aprobar la nueva Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), de acuerdo a los objetivos y prioridades planteados por la actual gestión económica.

La ENIF, considerada una política de Estado, busca promover el acceso y uso responsable y sostenible de servicios financieros, a fin de contribuir al desarrollo social, el crecimiento económico y la disminución de la vulnerabilidad de individuos y empresas a través de la inclusión y la educación financiera.

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