La convocatoria fue realizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, con el objetivo de alertar acerca de la grave situación institucional que está atravesando la Argentina, un país insignia de los derechos humanos, con políticas de Memoria, Verdad y Justicia activas, con más de mil genocidas condenados, con 130 nietos restituidos y a poco de cumplirse los 40 años de la recuperación democrática.

De la conferencia participaron el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; la presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Lita Boitano; la referente de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora, Taty Almeida; Mabel Careaga, de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz y el secretario Horacio Pietragalla Corti.

Detrás de la mesa montada frente a la piel de vidrio del Museo de Sitio ESMA, donde podía leerse la consigna “Si hay lawfare no hay democracia”, se ubicaron representantes de los organismos Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Liga Argentina por los Derechos Humanos, APDH La Matanza, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y Madres en Lucha. También estuvo presente la diputada porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro.

En el inicio de la conferencia, Pietragalla Corti señaló que, a pesar de que la conferencia está enmarcada en la conmemoración del Día de los Derechos Humanos y la de Recuperación de la Democracia, “estamos en un contexto que nos hace reflexionar y nos pone en alerta por lo que está sucediendo en nuestro período democrático de este último tiempo y cómo está actuando el Poder Judicial”. Luego el Secretario anunció que se iba a dar lectura a un documento que cuenta con el acompañamiento y apoyo de “más de 40 organismos de derechos humanos de todo el país”.

Seguidamente, Taty Almeida y Mabel Careaga leyeron el documento en el que se denuncia que “la democracia está en riesgo” y se hace un llamamiento a la población a tomar conciencia sobre el peligro de un poder judicial que avasalla la voluntad popular. Asimismo, se plantea la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho para asegurar la continuidad de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos.

En el escrito se hace referencia a hechos acontecidos recientemente y denuncia la existencia de un Estado paralelo generado por el lawfare en nuestro país, término con el que se define a la persecución a líderes populares por parte de sectores del Poder Judicial, en consonancia con el poder mediático y económico concentrado.

En este sentido, se destaca la reciente condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en un fallo vergonzoso del Tribunal Oral Federal N° 2 que busca cercenar sus derechos políticos y de gran parte de la sociedad que conforma su electorado.

“El documento es muy claro”, expresó Pérez Esquivel durante la conferencia. “La democracia está en riesgo en el país, pero está en riesgo en todo el continente”, agregó y alertó sobre lo sucedido en Perú donde “derrocaron al presidente Pedro Castillo con los mismos mecanismos del lawfare y la inestabilidad democrática”. Al finalizar su intervención, realizó un llamamiento a “la unidad de todos los sectores sociales, no sólo de los Organismos de Derechos Humanos, sino políticos y económicos que apoyen a fortalecer la democracia”.

La declaración conjunta llama la atención también sobre la connivencia entre jueces, fiscales, funcionarios, agentes de inteligencia e importantes empresarios mediáticos, que tomó estado público a través de la filtración de chats sobre un viaje a la estancia del magnate Joe Lewis en Bariloche, y que desnuda un funcionamiento que hace imposible confiar en la administración de justicia.

En ese contexto, se anunció también que los organismos elevarán un pedido de audiencia a la Corte Suprema de Justicia, y realizarán una presentación ante el Consejo de la Magistratura para solicitar la investigación del accionar de los jueces involucrados en el viaje a Lago Escondido, Además, manifestaron el apoyo al pedido de juicio académico al juez Julián Ercolini y solicitaron al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la remoción de los funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que participaron de ese encuentro.