Con la premisa de fortalecer las capacidades del organismo, promover la vinculación con el sector privado y garantizar la participación ciudadana en la gestión pública, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) estableció, mediante la Resolución 74/2021, el Programa Integral de Transparencia (PIT), una serie de medidas enmarcadas en la Estrategia Nacional de Integridad.

En línea con una perspectiva de la ética pública ampliada, las autoridades del instituto se han comprometido con una visión y misión para el INTI que esté al servicio del entramado productivo como estrategia para el desarrollo de la soberanía nacional. En tal sentido, resaltan la importancia de la transparencia activa y permanente de las actividades estatales para contribuir a potenciar el diálogo con la ciudadanía, las necesidades del sector privado y las diversas formas de articulación.

Además, destacan el avance en materia de apertura de los datos públicos, que en condiciones adecuadas “constituyen un elemento catalizador para el fortalecimiento del proceso democrático, el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia, la provisión de servicios públicos centrados en el usuario, y la promoción del desarrollo social, económico, científico y cultural de la Nación”.

Para avanzar en esos lineamientos, el PIT llevará adelante la adopción de diversas herramientas, como capacitaciones internas sobre mecanismos de transparencia y de sensibilización en distintas temáticas relacionadas, la elaboración de un Código de Ética y Conductas, y el establecimiento de vías para generar denuncias sobre actos ilícitos, delictivos y/o inapropiados. Además, el INTI contará con una unidad orgánica para fortalecer políticas en la materia que monitoree y analice el avance del proceso y que sirva de referencia al interior de la institución.

Todas las medidas para potenciar el desarrollo de las capacidades del INTI en materia de ética, integridad y transparencia se darán de conformidad con los estándares y recomendaciones dictados por la Oficina Anticorrupción (OA), la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional (SSFI), la Agencia de Acceso a la Información Pública y organismos internacionales tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).