El objetivo del encuentro fue establecer un ámbito de diálogo fecundo y productivo para intercambiar experiencias y opiniones respecto de la labor que desarrollan estas instituciones y, a la vez, procurar identificar los desafíos comunes y tender a generar consensos básicos que permitan determinar “presupuestos mínimos” bajo los cuales se desarrolle la tarea de fiscalización y registro a lo largo y a lo ancho del país.

En la apertura del acto, el inspector general señaló la importancia del trabajo que realizan diariamente los organismos convocados y la trascendencia que ello tiene en el campo de las inversiones locales y extranjeras para el desarrollo del comercio, y de toda la actividad productiva de bienes y servicios y que, si bien las provincias conservan su soberanía en esta materia, en su actuación deben considerar y tener en cuenta las consecuencias de la decisión en los valores constitucionalmente protegidos.

Vítolo recordó que, como lo había señalado la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios pronunciamientos, el correcto ejercicio de las competencias de las distintas jurisdicciones debe basarse en la coordinación con un fin de ayuda y la regulación local debe encontrar como límite la imposibilidad de desvirtuar el objetivo que tiene la legislación federal o la obstaculización del comercio. De allí la importancia del establecimiento y el compromiso de generar presupuestos mínimos comunes a todas las jurisdicciones. Ello porque, en el marco del federalismo y el reconocimiento de la competencia local, las atribuciones nacionales y locales no se excluyen, sino que son concurrentes, en tanto estas no desvirtúen los objetivos federales o impidan el comercio interjurisdiccional.

“Los estados provinciales y el Estado Nacional están facultados por la Constitución Nacional para legislar en materia de registros públicos y fiscalización de personas jurídicas privadas; y el ejercicio de ambos poderes de policía, en tanto potestad reguladora de los derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales de los individuos, para asumir validez constitucional, deben reconocer el principio de razonabilidad, que relacione los medios legales con los propósitos perseguidos y de acuerdo a los principios especiales que rigen la materia; de allí la importancia de coordinar y armonizar la labor de los organismos de contralor de personas jurídicas privadas y titulares de Registros Públicos”, enfatizó Vítolo.

Todos los registradores y fiscalizadores asumieron el compromiso de seguir trabajando coordinadamente con el objeto de profundizar los criterios.

Participaron de la jornada, la cual se destacó por su cordialidad y amplitud de criterios, delegados de las provincias de Mendoza, La Pampa, San Luis, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe, Río Negro, Formosa, Misiones, Jujuy y San Juan. Por la Inspección General de Justicia intervinieron la subinspectora general, Marta Pardini; el director de Entidades Civiles, Juan Carlos Pratesi; la directora de Sociedades Comerciales, Adriana Vicente; el delegado Administrativo, Luis Pirato Mazza; la jefa del Departamento de Denuncias y Fiscalización de Entidades Civiles, Mara López; la jefa del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles, Andrea Basile; la jefa del Departamento de Personería Jurídica de Entidades Civiles, Flora Giovanello; el jefe del Departamento de Precalificación de Sociedades Comerciales, Ricardo Lovagnini; la coordinadora del Departamento de Control Contable de Sociedades Comerciales, Anabel Ordoyo; el jefe del Departamento de Procesos, Planificación y Prevención del Lavado de Activos, Gerardo Ganly; el jefe y el coordinador del Departamento de Sistemas, Daniel Miralles y Alejandro Blasco respectivamente; y los asesores Enrique Pelaez, Matías Baranda Ruales, María Cesaretti y Paola Solari.