El Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, participó del XXIII Congreso Anual de Derecho Registral (CADER) 2025, donde expuso, ante representantes de diez países de América del Sur, el Caribe y de la Unión Europea, el plan de acción desarrollado en el Registro Público y en el régimen de fiscalización de personas jurídicas privadas a cargo de la Inspección General de Justicia durante el período 2024-2025.

En esta oportunidad, el CADER sesionó en la ciudad de Arequipa, Perú, bajo la presidencia del Superintendente Nacional de los Registros Públicos del Perú, Manuel Augusto Montes Boza, y contó con la asistencia de calificados expositores locales y del extranjero.

Durante su presentación, Vítolo señaló que la Inspección General de Justicia había cambiado su rol central en estos dos primeros años de gobierno del Presidente Javier Milei, abandonando el perfil de una institución que desempeña una labor exclusiva de policía administrativa, persecutoria e inquisitoria, constituyendo un obstáculo para los administrados, pasando a concebirse como un servicio económico de interés general y, asimismo, un servicio de control de riesgos.

El eje de las reformas, destacó el Inspector General, “fue y es simplificar, desburocratizar y acelerar todos los trámites y procedimientos, construyendo un Derecho desde la demanda de la comunidad, actuando bajo la regla de la razón para dar respuestas eficientes y brindar asistencia a los ciudadanos; una asistencia basada en resultados, sin descuidar, ciertamente, la seguridad jurídica, económica y financiera”.

Luego de enumerar los avances que se han llevado a cabo en este campo, Vítolo anunció que, entre los proyectos para avanzar en el año 2026, se encuentran la reformulación de algunos aspectos del Sistema de Planes de Ahorro para Fines Determinados, la implementación de un modo definitivo y moderno del Registro Nacional de Sociedades, y del de Concursos y Quiebras; avanzar en el proceso de virtualización y digitalización del Registro Público y de la IGJ; promover la creación de una Central Nacional de Balances, y abrir un debate respecto del eventual reconocimiento de las Inteligencias Artificiales (IA) como personas jurídicas privadas implementando su inscripción en el Registro Público en ciertos casos; entre otros.

“No caben dudas que gran parte de las mejoras del sistema registral se lograrán evolucionando hacia un registro electrónico, gráfico y digital, aunque advirtiendo que los desafíos actuales demandan acometer ajustes que permitan al Registro Público seguir siendo un factor clave de seguridad jurídica preventiva y de desarrollo económico”, concluyó Vítolo.