El Poder Ejecutivo Nacional derogó, mediante el Decreto 318/2025, una antigua reglamentación que regía desde 1935 sobre la exportación de hortalizas frescas. Se trata del Decreto N° 71.178/35, que establecía requisitos específicos sobre tipificación, empaque y fiscalización de estos productos, considerados actualmente obsoletos y poco acordes a las formas modernas de comercialización.

La norma derogada respondía a un régimen legal que ya había perdido vigencia, particularmente desde la derogación de la Ley N° 4863 por la Ley N° 27.444. A pesar de ello, la reglamentación de 1935 seguía vigente, generando restricciones anacrónicas que afectaban la competitividad del sector hortícola y obstaculizaban el comercio exterior.

El ministro Federico Sturzenneger celebró la medida y afirmó: “Seguimos avanzando en la transformación más profunda de SENASA en décadas. Para un gobierno libertario como el que propugna nuestro Presidente Javier Milei, tanto la calidad como el proceso productivo son dimensiones que valida y evalúa el mercado. Nada tiene que hacer el Estado metiéndose en eso. En todo caso lo único que tiene que hacer SENASA es actuar como policía sanitaria, para evitar infecciones, plagas y garantizar un comercio internacional fluido”.

“Nuestro primer paso en este sentido fue con todo el complejo frutícola. El Decreto 312/25, que deroga decretos antiguos sobre envasado, nos despejó el camino para emitir esta semana una serie de resoluciones que desregulan totalmente la producción de hortalizas, focalizando al SENASA en su rol de policía sanitaria. Seguiremos en los próximos meses con el resto de las actividades progresivamente y sin pausa. Literalmente dejamos de molestar al productor en las cosas que el productor debe resolver por sí mismo y concentramos la tarea en donde hay un valor útil de la supervisión estatal”, agregó el ministro.

Esta simplificación no afectará la sanidad de los productos, ya que la fiscalización sanitaria seguirá a cargo del SENASA, organismo competente en la materia. De esta forma, se refuerza el compromiso de mantener altos estándares de calidad sin imponer regulaciones desactualizadas que obstaculicen el crecimiento económico y las exportaciones.