El encuentro se realizó este lunes por la mañana en el Archivo Nacional de la Memoria y participaron la viuda de Troiani, Elisa Charlin de Troiani, su abogado Tomás Ojea Quintana. De manera virtual, estuvo presente también la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón.

“El caso de Pedro sintetiza el funcionamiento y el colaboracionismo por parte de estructuras del empresariado argentino con el objetivo primario de desarticular la organización de trabajadores y trabajadoras y desmantelar el sistema sindical argentino”, señaló el ministro Soria al abrir el acto, y repasó los hechos que lo tuvieron como víctima el 13 de abril de 1976, cuando el extrabajador y delegado de Ford Motor Argentina fue secuestrado en la planta y llevado a un centro clandestino de detención que funcionó en el sector de los quinchos.

“En ese momento, no solo no logró recuperar su libertad, sino que no pudo tampoco recuperar y reivindicar sus derechos laborales. Nunca pudo recuperar su trabajo, que ejercía con capacidad y responsabilidad desde 1963. Ese 13 de abril de 1976 llevaba 14 años trabajando dentro de Ford y la empresa, amparándose en leyes de la dictadura, ese mismo día le envió el telegrama de despido a la familia”, añadió el funcionario.

Como ministro de Justicia y Derechos Humanos, Soria fue el encargado de reconocer la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos en perjuicio de Pedro Troiani a la integridad y libertad personal, garantías judiciales, igualdad, protección judicial, y desarrollo progresivo en materia de derechos laborales, establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Como parte del acuerdo, el Estado argentino se comprometió a realizar e impulsar una serie de acciones de reparación integral, que no sólo contemplan la reparación individual de Troiani sino también medidas de alcance colectivo, como la señalización del espacio de la fábrica Ford, que funcionó como centro clandestino de detención; la promoción de la investigación de la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y acompañar los pedidos de imprescriptibilidad de acciones civiles y laborales vinculadas a delitos de lesa humanidad, entre otras.

“Pensar la Causa Ford como un hecho aislado sería un error histórico”, sostuvo Pietragalla Corti y se refirió al rol que tuvieron los sectores civiles y los grandes grupos económicos en la última dictadura y al que tienen ahora. “Lo que hace este acto a 46 años del golpe cívico-militar es reafirmar que esos 30 mil compañeros y compañeras resistieron a un modelo económico que se iba a instalar. No eran solo militantes políticos barriales, sino que tenían un compromiso con el futuro y las nuevas generaciones”, explicó y agregó: “Pedro Troiani va a quedar en la historia argentina como tantos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, que transcendieron a su lucha porque este reconocimiento del Estado argentino va a plasmar un antes y un después. No por arte de magia, sino porque todos los militantes políticos del país van a entender qué pasó y que nuestra realidad está asociada a los grandes enemigos de los sectores nacionales y populares”.

Por último, se dirigió a la presidentade la CIDH y le aseguró: “Este acto y reconocimiento es la primera acción de reparación que va a llevar adelante nuestra Secretaría. Tenemos mucho trabajo por delante y tenemos la obsesión de reparar las deudas que tiene el Estado argentino en materia de Derechos Humanos”.

Gómez Alcorta, por su parte, recordó también la figura de Troiani, a quien acompañó como abogada en el juicio por la “Causa Ford”, que en 2018 logró la condena a dos ex gerentes de la automotriz, Héctor Sibilla y Pedro Müller, y del ex militar Santiago Omar Riveros.

La ministra destacó el lugar imprescindible de esposas e hijas de los trabajadores secuestrados, “mujeres que los buscaron desde el primer día, que fueron una y mil veces a Ford a reclamar, que fueron clave a la hora de prestar testimonio sobre esos crímenes y poder fundar la responsabilidad penal de los ahora condenados”. “Que hoy no este Pedro en esta mesa es una mala jugada del destino, pero también es parte de los tiempos del Estado, que no son los tiempos de los compañeros y compañeras. Sin embargo, que esté Elisa es un acto de justicia. Si Pedro viviera, Elisa también tendría que estar en esta mesa a su lado”, manifestó.

En su breve intervención, Elisa agradeció a todo el equipo que participó del acuerdo “por la predisposición, la razón y por haber explicado todo lo que nunca pudimos explicar”. Su abogado, Ojea Quintana, hizo foco en la ausencia de representantes de Ford en el acto de hoy. “Hay una silla vacía en esta sala. ¿Dónde están los gerentes de Ford para explicar lo que hizo la empresa en esa época? Fue una práctica empresarial, ¿Dónde están?”, se preguntó.

El cierre estuvo a cargo de la presidenta de la CIDH, cuya presencia fue muy agradecida por los participantes. A través de videoconferencia, Mantilla Falcón destacó el acto como “un componente esencial de la reparación integral”, ya que “dignifica la memoria de las víctimas y sus familiares y trasmite un mensaje a toda la sociedad de la reprobación oficial de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas”, y sostuvo que el acuerdo “cumplirá un rol clave en el impulso de acciones en materia de memoria, verdad, justicia y reparación sobre la responsabilidad de empresas en graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura argentina”.

Entre el público presente en el Archivo de la Memoria estuvieron Hugo Yasky, diputado nacional y secretario General de la CTA; el abogado laboralista Héctor Recalde; Malena Galmarini, titular de Aysa; el intendente de Tigre, Julio Zamora; el colectivo de la Causa Ford y representantes de organismos de derechos humanos y de organizaciones sindicales. También asistieron el jefe de Gabinete de la Secretaría, Nicolás Rapetti; la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak, e integrantes de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad Cometidos con Motivación Económica de la Secretaría de Derechos Humanos.

El caso

Pedro Troiani, extrabajador y delegado de Ford Motor Argentina, fue secuestrado en la planta de la automotriz en abril de 1976 junto a un grupo de compañeros. Permaneció cautivo y sufrió torturas en los quinchos que la empresa cedió a las fuerzas represivas para que funcionara un centro clandestino de detención. Mientras permanecía secuestrado, fue despedido sin derecho a indemnización y cuando recuperó la libertad, el 23 de mayo de 1977, se vio impedido de reclamar sus derechos por temor a represalias, ya que el país aún estaba en dictadura. Años más tarde, su reclamo en la justicia contra la empresa fue desestimado por entenderlo prescripto.

En 1992, Troiani inició un reclamo ante la CIDH por la vulneración de sus derechos a la igualdad ante la ley y a la protección judicial en materia de responsabilidad civil, derivada de delitos de lesa humanidad. En 2020, la Secretaría de Derechos Humanos inició un diálogo con sus representantes legales con el objetivo de alcanzar una solución amistosa en el trámite internacional.

El 23 de marzo de 2021, la CIDH determinó que el Estado argentino es responsable de la violación de los derechos a la integridad y libertad personal, garantías judiciales, igualdad, protección judicial y desarrollo progresivo de los derechos laborales de Pedro Troiani. La CIDH dispuso entonces la realización de una serie de acciones de reparación que fueron materia de un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones que se trabajó con el propio Pedro Troiani, quien falleció el 1 de agosto de 2021.

En diciembre de ese mismo año, en una ceremonia íntima junto a sus familiares y amigos más cercanos, el Estado firmó el acuerdo ante la CIDH.

El acuerdo es un paso fundamental para avanzar en la determinación de la responsabilidad de empresas y empresarios en articulación con las fuerzas armadas y seguridad, en procesos represivos contra trabajadores, trabajadoras y sindicalistas durante la última dictadura en Argentina. Este eje es una prioridad en el Plan estratégico de juicios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que está llevando adelante un trabajo articulado de diversas áreas y equipos para el avance en esta problemática central.

El acto completo