El Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas participó este 7 de julio de la 123º Reunión Plenaria del Consejo Federal del Trabajo, en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata.

Del encuentro, que se desarrolló a lo largo de dos días, y convocó a las máximas autoridades en materia de trabajo de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participaron: el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa; la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), Raquel Kismer de Olmos; Marcelo Belloti, secretario de Empleo de Nación; Cecilia Cross, subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; la diputada nacional Vanesa Siley; la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez; el secretario adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique; María Laura Ferrante, coordinadora para la lucha contra la Trata de Personas y el Trabajo Forzoso y para la Asistencia a las víctimas del MTEySS; y el director operativo del Comité, Gustavo Vera.

El director operativo del Comité hizo referencia al convenio de cooperación firmado el 21 de mayo del 2022 entre el Comité Ejecutivo, el MTEySS, el Consejo Federal del Trabajo y la CGT, que tiene por objetivo mancomunar esfuerzos en la lucha contra la trata y el trabajo esclavo: “Esto debe entenderse en el contexto del año 2022, que fue la primera vez a nivel mundial, y en nuestro país, en el que las víctimas de trata y explotación laboral superaron a las de trata sexual”, y agregó: “En la Argentina, que está desde hace tres años en la máxima calificación por los esfuerzos desplegados desde el Estado para combatir la trata en sus distintas modalidades, de las 2300 personas rescatadas un porcentaje importante fue a partir de la pro actividad de los organismos que tienen poder de policía: AFIP, UATRE/RENATRE, Ministerio de Trabajo de la Nación y las secretarías provinciales. Esto es clave, no se espera a que el conflicto surja, sino que nos anticipamos”.

Vera enumeró las problemáticas existentes al momento de firmar el convenio: “el problema que teníamos era: primero, la alta tasa de informalidad y precariedad de los trabajadores, en su gran mayoría del ámbito rural; segundo, la naturalización del fenómeno, por falta de controles, esencialmente los años del gobierno anterior; y tercero, la falta absoluta de trazabilidad económica”.

Para solucionar esta situación, el convenio “busca que podamos trabajar en comisiones provinciales para mapear y calendarizar producciones, generar vínculos de trabajo con otros organismos, como por ejemplo la CNRT, el SENASA, y la UIF”.

El director operativo del Comité planteó además la necesidad de capacitarse en los criterios de OIT para diferenciar la simple irregularidad laboral del delito penal de explotación laboral, tomando como parámetros el salario, la duración de la jornada de trabajo, y las condiciones de salubridad en las que se desempeña.

Asimismo, propuso trabajar de manera integral en el marco de las Mesas Interinstitucionales que funcionan en cada país, en la que se articulan las secretarías de Trabajo, delegados del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, y organismos con poder de policía, junto a instituciones públicas, organizaciones sindicales y de la sociedad civil.