Presidencia de la Nación

DNU de extinción de dominio

El Gobierno firmó un decreto de necesidad y urgencia que le va a permitir a la Justicia recuperar más rápido los bienes obtenidos por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y trata de personas. AABE será el organismo encargado de administrar y disponer de esos bienes.


El presidente Macri anunció esta decisión como parte de la lucha contra las mafias y el crimen organizado, que el Gobierno se puso como objetivo desde el primer día y que en estos años logró avances importantes, tanto en narcotráfico y lavado de dinero como en prevención e investigación de la corrupción.

“Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron ilegítimamente, y tienen que saber que hoy en la Argentina el que las hace las paga. Mi compromiso es seguir trabajando para que el ciudadano que se levanta todos los días para ir a trabajar reconozca que su esfuerzo vale”, dijo el presidente Macri cuando anunció la medida.

La herramienta creada por el decreto (el Régimen de Extinción de Dominio) es otro paso más para que la Justicia pueda, además de condenar a los responsables de un delito, atacar su poder económico para que no puedan continuar con sus actividades y reparar el daño generado a la sociedad y hasta hoy la justicia ya contaba con instrumentos para recuperar bienes, pero era un trámite lento y que sólo empezaba, en la mayoría de los casos, después de concluido el proceso penal.

Con este esquema se crea una nueva fiscalía especial (la Procuración de Extinción de Dominio) que podrá investigar el origen de los bienes obtenidos a través de actividades delictivas. Y en paralelo al avance del proceso penal. Si sus titulares no pueden justificar su origen, se podrá avanzar con la extinción.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado será el organismo encargado de administrar y disponer de los bienes que el Estado Nacional adquiera bajo esta ley. El dinero recuperado se podrá destinar a financiar políticas de Gobierno o adquirir bienes para mejorar las fuerzas de seguridad y así prevenir otros delitos.

Para diseñar este régimen tuvimos en cuenta la experiencia positiva de varios países, como Colombia, México, España, Suiza, Estados Unidos y Alemania, entre otros. También se incorporaron ideas de los proyectos que presentaron otros bloques parlamentarios en el Congreso.

Ver Decreto Nº 62/2019 en Boletín Oficial

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