¿Es la geopolítica una de las razones centrales que llevan a las distintas naciones del planeta a adquirir equipos para sustentar su defensa? Sí, pero no es la única. En la base de este tipo de decisiones se encuentra, ciertamente, las condiciones técnicas, las razones operacionales, las denominadas hipótesis de conflicto existentes y las perspectivas de un conflicto armado derivado de la degradación del ambiente internacional. Ese deterioro puede incrementar dilemas de seguridad específicos o exigir ajustes en materia de defensa frente a una “tormenta en ciernes” que se percibe relativamente cercana en el tiempo. En ese escenario, la preferencia por la disuasión se convierte en el objetivo principal, asumiendo que, si esta falla, la consecuencia puede ser el enfrentamiento armado directo.

La guerra en Ucrania, el conflicto de múltiples frentes que aún libra Israel y un conjunto de guerras de baja intensidad —todas con implicancias en los distintos dominios del ámbito militar— hacen que esta época sea considerada una de rivalidad permanente. Boris Pistorius, ministro de Defensa de Alemania, lo expresó con claridad: el tiempo se agotó, y ya no hay margen para seguir ignorando las amenazas que se avecinan. Esa premisa también aplica a la República Argentina.

La era del infantilismo estratégico que marcó el rumbo de la defensa durante las gestiones de Kirchner, Fernández de Kirchner y Fernández-Fernández derivó en un sistemático proceso de desarme e indefensión, con debates estériles y circulares. Esa etapa ha llegado a su fin.

En lo que respecta al necesario reequipamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas y a la reactivación seria de programas de modernización de unidades aún vigentes, se han abierto diversos debates sobre necesidad, oportunidad y consideraciones geopolíticas. Todos son bienvenidos, en particular cuando en el pasado reciente esos debates no tenían ningún sustento concreto. La recuperación de la aviación de combate, la decisión de adquirir vehículos blindados de combate a rueda y la posible adquisición de submarinos, ha cambiado el eje de la discusión en defensa: dejando la teoría para pasar a las consecuencias que tiene para el país adquirir determinado tipo de equipamiento.

En cuanto a la aviación, durante años los ministros de Defensa de las administraciones de defensa dejaron pasar sucesivas oportunidades de incorporar aviones de combate polivalentes: desde los israelíes KFIR C-10/12 ("cachorros de león"), pasando por los Mirage F-1 y Mirage 2000 franceses, hasta abortar diplomáticamente la posible adquisición del KAI T-50 surcoreano, aduciendo “veto británico”. Tardíamente apareció sobre la mesa el JF-17 de fabricación sino-pakistaní. Más tarde, y ante el avance de la propuesta china —considerada por la Fuerza Aérea como un subóptimo, aunque era lo único que la Fuerza Aérea tenía a disposición— surgieron dos competidores: el F-16 A/B MLU ofrecido por Dinamarca con apoyo de EE.UU., y el HAL Tejas Mk2, de origen indio.

Tanto Rossi como Taiana, habiendo contado con todas las condiciones políticas para avanzar con el JF-17 (por el cual aún hoy abogan), dilataron la decisión tanto política como administrativa. Deberán responder qué motivó que el entonces presidente Alberto Fernández declarara al Financial Times el 7 de diciembre de 2022 que “no había dinero para aviones de combate y que no se iban a comprar”. Resulta evidente que los responsables de defensa de esa gestión estaban más interesados en garantizarle el statu quo al Reino Unido por un tiempo más. Eso sí: para disimular, protestaron con vehemencia y mantuvieron alta la narrativa sobre Malvinas, al tiempo que evitaron cualquier tipo de diálogo estratégico con ese país, para que la contradicción no se hiciera tan evidente. La decisión de avanzar con los F-16 se ejecutó en 100 días, tras una década de inacción.

Algo similar ocurre con los Vehículos de Combate Blindados a Rueda (VCBR). Ahora los mismos defensores del JF-17 pregonan que la opción brasilera Guaraní era mejor que el norteamericano-canadiense Stryker. Otra vez, la inacción fue la constante de las administraciones kirchneristas. El ministro Petri tomó la decisión de avanzar, luego de un año de análisis minucioso de distintos modelos disponibles, dando respuesta a lo que el Ejército venía demandando: un vehículo 8x8, no uno 6x6 como pretendía imponer Taiana.Vale recordar que este proyecto comenzó en 2009, y recién 16 años después es esta administración la que comienza a darle una solución, que llegará en tres etapas, con una operatoria de gobierno a gobierno.

Cabe señalar que la opción brasileña no avanzó por la desconfianza de la administración de Lula hacia la de Alberto Fernández: su ministro de Hacienda rechazó la operación con financiamiento del BNDES por considerar que Argentina no tenía capacidad de pago, lo que suponía un riesgo financiero para Brasil. Evidentemente, para la administración de Lula, la solidaridad ideológica tuvo poco peso cuando de adquisiciones en materia de defensa se trata y es entendible que así sea. Menos conocido es que, a pesar de la falta de financiamiento, se continuó evaluando el modelo brasileño. Sin embargo, cuando se volvió a consultar sobre una eventual financiación, las condiciones no variaron. También se evaluaron otras alternativas, como el vehículo Pandur, pero fue el Stryker el que resultó mejor posicionado según los informes técnicos del Ejército elevados al Ministerio de Defensa.

Otra curiosidad de la relación en defensa entre Argentina y Brasil fue la decisión de sumar a nuestro país como proveedor de Embraer en el proyecto del avión de transporte KC-390, destinado a reemplazar flotas de C-130, como ya está ocurriendo en Europa. Dicho proyecto incluye componentes británicos sensibles, entre ellos los sistemas de control de vuelo provistos por British Aerospace. Aun así, el ministro Rossi firmó una carta de intención para adquirir seis aeronaves, sabiendo que están sujetas a veto británico. A día de hoy, su incorporación es difícil: el KC-390 implicaría una mejora sustancial en la capacidad de transporte aéreo argentino, no solo un reemplazo de capacidades existentes. Pero como la política británica lo impide, la provisión sigue sujeta a veto. Además, el gobierno actual de Brasil no ha mostrado interés en financiar la operación, lo que deja a la Argentina dependiendo, por ahora, de los nobles y modernizados Hércules norteamericanos.

Esa es la diferencia entre firmar cartas de intención de equipamiento y equipar a las fuerzas. Expone a los decisores a distintos tipos de alternativas, opciones geopolíticas y realidades económicas, y también permite a determinadas naciones a fortalecer el vínculo militar mediante el equipamiento. La modernización del equipamiento militar tiene consecuencias, las cuales ya comienzan a verse, en particular en la reacción de aquellos que querían seguir el camino del desarme lento y sostenido que condenaba a las Fuerzas Armadas del Octavio país del planeta a la irrelevancia operacional. Poner en valor a las Fuerzas Armadas es brindarles los medios para que puedan cumplir con el mandato constitucional y ser garante de la paz de los argentinos.