Presidencia de la Nación

Convenios de integridad y transparencia entre la Provincia del Chaco y la OA

Promueven la colaboración para el fortalecimiento institucional provincial y la incorporación al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y entidades.


La Oficina Anticorrupción (OA) firmó dos convenios sobre integridad y transparencia con la Provincia del Chaco. El primero de ellos se trata de un acuerdo de vinculación para la promoción de la transparencia y la integridad en la gestión pública provincial. El segundo es la adhesión al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y entidades (RITE) por parte de la Provincia.

Los acuerdos fueron suscriptos en la sede de la gobernación chaqueña por Jorge Capitanich, Gobernador del Chaco, y Félix Crous, titular de la OA.

Luego de la firma, Félix Crous explicó que es el “primer acuerdo de colaboración con una provincia en el que se despliega un convenio marco para las políticas de prevención de la corrupción y uno específico para el desarrollo de una plataforma de trabajo con las cámaras empresariales, para que vuelquen su desarrollo de integridad y mejoren la contratación con el Estado”.

Por su parte, la subsecretaria de Modernización del Estado, Mariela Dolce indicó: “El ciudadano común tiene, en el portal web del gobierno, acceso a información como compras, contrataciones y presupuestos para que pueda ejercer su derecho a saber sobre el gasto público, y si tiene denuncias puede hacer la solicitud de información de manera presencial u online a través de Tu Gobierno Digital. Que el ciudadano se comprometa nos ayuda a mejorar los procesos, por eso propiciamos que tengan estas herramientas para poder hacerlo”.

En el convenio marco se contemplan herramientas y estrategias para el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades estatales para la integridad y la transparencia. Entre ellas, permite la creación o fortalecimiento de áreas de transparencia; la capacitación, formación y sensibilización de funcionarios y funcionarias públicas y la coordinación para la promoción de políticas de integridad.

El acuerdo también propone avanzar en el diseño e implementación de políticas públicas de integridad y transparencia destinadas a mejorar procesos como las compras y contrataciones, la gestión de los conflictos de intereses, y los mecanismos para el registro de obsequios, viajes y audiencias, entre otros.

También se trabajará sobre información pública, instancias de participación ciudadana y vinculación con el sector privado, con el objeto de avanzar en políticas de acceso a la información y la transparencia activa. Además, se impulsa el trabajo con entidades del sector privado y de la sociedad civil, para el desarrollo de actividades formativas y material complementario en el marco del Programa Nacional de Capacitaciones en Integridad y Transparencia de la Oficina Anticorrupción y el apoyo de la Red Federal de Estudios Multidisciplinarios sobre Integridad y Corrupción.

Está previsto también el diseño de lineamientos y guías orientativas y el desarrollo de mecanismos de transparencia e integridad en procesos críticos de la gestión local con el objetivo de incorporar la perspectiva de transparencia a la gestión provincial y municipal.

El convenio también establece la colaboración en la promoción, diseño e implementación del RITE. Sobre este tema se firmó un documento específico que tiene entre sus objetivos fortalecer el intercambio de experiencias entre el sector Empresarial, Estatal, Sociedad Civil y Academia; colaborar con propuestas para la caja de herramientas y difundir el RITE entre las empresas.

Para lograr estos objetivos se prevé la participación en mesas de trabajo organizadas por la OA, la colaboración en el contenido de formularios de integridad y la promoción de capacitaciones sobre el tema específico, entre otros.

El RITE es una plataforma para el registro voluntario de aquellas organizaciones que tengan interés en avanzar en el desarrollo de acciones de integridad y transparencia de sus operaciones. Además, colabora con la implementación efectiva de la Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas permitiendo mejorar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma para la contratación con el Estado, así como el conocimiento y evaluación por parte de las oficinas públicas de los programas de integridad.

Durante el encuentro estuvieron presentes el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Gustavo Leguizamón; el subsecretario de Relaciones Institucionales y Gobierno de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Sebastián Benítez Molas; el subsecretario de Planificación Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, Luis Villanueva, y el asesor de la OA Tomás Carol Rey.

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