Cómo se controlan las Declaraciones Juradas de funcionarios públicos
Conforme los estándares internacionales, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos tienen dos objetivos esenciales:
1) analizar, prevenir y detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito y
2) analizar, prevenir y detectar eventuales situaciones de conflictos de intereses e incompatibilidades.
Las DDJJ en nuestro país son públicas y accesibles a través de internet, facilitando el control ciudadano y la rendición de cuentas (acceder a las DDJJ).
La Oficina Anticorrupción se encuentra facultada para efectuar el control y seguimiento de las DDJJ de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, es decir, analizar su contenido a fin de detectar la posible existencia de enriquecimiento ilícito o la configuración de conflictos de intereses.
Para realizar el control, se llevan a cabo las siguientes medidas:
Se recopila toda la información y antecedentes del funcionario analizado, como sus declaraciones juradas de años anteriores, aquella obrante en los registros de la Oficina u otros organismos públicos, y se realiza un cruce de información con distintas bases de datos.
Se verifica la consistencia de la información declarada por el funcionario con aquella obtenida por la Oficina Anticorrupción.
Se realiza un análisis a fin de determinar si el incremento patrimonial del funcionario es razonable de acuerdo a los ingresos declarados.
Se analiza la información que pudiera dar cuenta de situaciones que puedan configurar conflictos de intereses como ser sus vinculaciones previas, tenencias accionarias, o participación en sociedades.
En caso de resultar necesaria información adicional o detectar inconsistencias en la declaración jurada, la Oficina Anticorrupción remite solicitudes de aclaraciones patrimoniales (SAP) a fin de que el funcionario analizado brinde mayor detalle y, en su caso, acompañe las constancias documentales que resulten necesarias
El resultado del análisis y de las aclaraciones patrimoniales solicitadas puede dar lugar al inicio de una investigación en el ámbito de la Oficina Anticorrupción o –en caso que ya exista una causa judicial- ser utilizado como un aporte técnico a la Justicia.