Casi cien años tuvieron que pasar hasta que un proyecto de reforma integral del Código Penal llegara al Congreso. Con el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y después de más de un año de largos debates a cargo de una comisión especializada en la materia, la iniciativa fue remitida a la Cámara Alta para que sea debatida.

Desde la sanción, en 1921, del Código Penal argentino, el cuerpo normativo recibió más de 900 modificaciones que hicieron que perdiera sistematicidad.

Es decir, por ejemplo, que las penas de algunos delitos son desproporcionadas en relación a su gravedad cuando se las compara. Además, la legislación penal no está unificada enteramente en el código, sino que se complementa con leyes especiales, complementarias, y esto condujo a la incertidumbre acerca de la aplicación de la ley en numerosas situaciones.

Además de la comisión que redactó el proyecto y que fue creada por el presidente Mauricio Macri a través de un decreto, esta iniciativa tomó en consideración los últimos proyectos de reforma integral que se pergeñaron, de los cuales ninguno llegó al Congreso pero que también generaron largas discusiones.

Nuevos delitos

Entre otras cosas, esta propuesta modifica la estructura general del Código y agrega un tercer libro que incluye los delitos de lesa humanidad, una deuda en materia normativa para nuestro país.

Y en este mismo sentido, también se tuvieron en consideración todos los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia penal y de protección de los Derechos Humanos, persecución del terrorismo y del financiamiento del narcotráfico y la trata de personas.

En este texto se consensuó el endurecimiento de las penas para los delitos de narcotráfico y la corrupción. En este último caso, una de las herramientas incorporadas es la de la responsabilidad penal empresaria, que ya había sido puesta en práctica a través de una ley sancionada en 2018.

Además se incorporan delitos novedosos y que cuentan con poca o nula legislación que ayude a combatirlos: los delitos contra el ambiente, los informáticos y una nueva perspectiva de género para juzgar casos que involucren a mujeres como víctimas.

También se tiene en consideración la aplicación de penas alternativas con ayuda de dispositivos electrónicos de monitoreo. Este sistema se implementará para aquellos casos en los que la condena sea inferior a los tres años de prisión.

Y, al mismo tiempo, se mantendrá el criterio acerca de la reincidencia, impidiendo el acceso a la libertad condicional para quienes hayan cometido un delito por segunda ocasión y para quienes fueron condenados por delitos dolosos.