Como consecuencia de las demoras de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el empresario Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, falleció hoy sin haber sido juzgado por crímenes de lesa humanidad en Jujuy durante la última dictadura cívico-militar.

La muerte impune de Blaquier se produjo luego de ocho años de dilaciones judiciales que provocaron un daño irreparable en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que lleva adelante el Estado argentino, y que dejó a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad sin justicia por los crímenes respecto a Blaquier.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación considera que es indispensable que se avance de manera urgente en el juicio contra Alberto Lemos, administrador del Ingenio durante el terrorismo de Estado. Este juicio permitirá esclarecer especialmente la responsabilidad que tuvo la empresa en la represión ilegal a trabajadores, trabajadoras y sus familias.

Como dueño del Ingenio Ledesma, Blaquier estuvo procesado en las causas “La Noche de los Apagones”, por la privación ilegal de la libertad de 20 personas en las localidades de Ledesma, Calilegua y Libertador Gral. San Martín en julio de 1976; y en “Aredez”, por tres secuestros entre marzo y abril de 1976.

Esos dos expedientes, en los que también fue procesado Lemos, estaban en condiciones de ser elevadas a juicio en 2013. Sin embargo no lograron avanzar ya que el proceso quedó paralizado primero en la Sala IV de la Cámara de Casación Penal: los camaristas Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi hicieron lugar a un recurso de la defensa y en 2015 le dictaron falta de mérito a ambos acusados. Luego, la causa se cajoneó en la Corte Suprema por más de seis años.

Recién en julio de 2021, y tras varios pedidos de la Secretaría de Derechos Humanos y de las otras querellas exigiendo una pronta resolución, la Corte Suprema de Justicia anuló lo resuelto por la Casación, señalando que esa decisión había sido “arbitraria” y que “obstaculizó indebidamente el avance del proceso”.

Las actuaciones irregulares de las máximas autoridades judiciales en este caso paradigmático dejan en evidencia una vez más la resistencia que generan las causas que involucran la responsabilidad de actores civiles y económicos durante la última dictadura cívico-militar.

El avance sin demoras de estas investigaciones es una de las prioridades del Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad que promueve esta Secretaría.

Los juicios no pueden esperar. Las víctimas tampoco.