Comenzaron las capacitaciones de la Ley Micaela en el Ministerio de Obras Públicas

El ministro Gabriel Katopodis y 140 autoridades participaron del primer encuentro obligatorio en materia de género y violencia contra las mujeres. Además, 300 personas de Vialidad Nacional ya recibieron la capacitación.


En el marco de la implementación de la Ley Micaela (27.499/18), el ministro Gabriel Katopodis, máximas autoridades del Ministerio de Obras Públicas, sus organismos y empresas dependientes participaron de la primera capacitación obligatoria en materia de género y violencia contra las mujeres.

La capacitación se realizó de manera presencial y online, en el contexto del Aislamiento Preventivo y Obligatorio dictado por el Gobierno Nacional frente a la pandemia por Covid-19, lo que permitió que 140 personas participen del evento.

Al respecto, Katopodis afirmó: “‪Estamos trabajando para construir en el Ministerio de Obras Públicas un ambiente igualitario, libre de violencias y comprometido con la paridad de género”.

Y agregó: “Es‪ muy importante para nosotros avanzar en un presupuesto 2021 con perspectiva de género junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y a ONU Mujeres porque tenemos el compromiso de incorporar esta mirada al momento de diseñar y ejecutar la obra pública en la Argentina”.

La jornada estuvo a cargo de María Pía Vallarino, directora de Relaciones Institucionales del Ministerio, y tuvo como objetivo promover el desarrollo de un plan de formación continuo para dinamizar la transformación cultural al interior del Estado, y garantizar igualdad de oportunidades y derechos.

En ese sentido, participaron como oradoras la presidenta de AySA, Malena Galmarini; la subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Diana Broggi; y la representante Interina para Argentina y Paraguay de ONU Mujeres, Paula Narváez.

“La Ley Micaela es una herramienta fundamental para, desde el Estado, concientizar, sensibilizar y poder llevar adelante todas las acciones correspondientes. El cambio cultural que requiere la incorporación de la perspectiva de género lleva tiempo y a la vez tiene que ser un proceso colectivo”, afirmó Diana Broggi al inicio de la capacitacón.

Durante su exposición, Paula Narváez remarcó: “La existencia de la Ley Micaela y su implementación marcan un hito fundamental en el rol que tiene el Estado para modificar y transformar pautas ancladas culturalmente e institucionalmente que han perpetuado la violencia contra las mujeres”.

Por su parte, Malena Galmarini expresó: “Quienes estamos hoy acá somos funcionarios y funcionarias públicas, y el rol del Estado es fundamental en el cambio cultural”. Y agregó: “Sin igualdad y sin equidad de género no hay desarrollo posible para la Argentina”

Esta semana, también comenzaron las capacitaciones en Vialidad Nacional donde participaron más de 300 autoridades del organismo de todo el país. Próximamente, se irán sumando los distintos organismos dependientes del Ministerio de Obras Públicas.

Desde hoy y hasta fin de año, se prevé completar la capacitación a máximas autoridades en el resto de los organismos así como implementar un ciclo de charlas abierto por mes, y durante el 2021 se llevarán adelante las capacitaciones del resto del personal.

La capacitación consta de 4 ejes temáticos que se desarrollarán a lo largo de los encuentros: Derechos humanos; Introducción a la perspectiva de género; Violencias por motivo de género como problemática social; y Género y Derechos Humanos e intervenciones y corresponsabilidad en los organismos del Estado.

La ley Micaela fue promulgada el 10 de enero de 2019, y su nombre es en memoria y reconocimiento a Micaela García, una joven enterriana víctima de femicidio en la ciudad de Gualeguay en el año 2017.

Sus capacitaciones están destinadas a las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado, en todo el territorio nacional, y tienen como propósito transmitir herramientas que permitan reconocer y cuestionar las bases de la desigualdad y la discriminación, que apunten a transformar las prácticas concretas, con la convicción de que las políticas públicas pueden construir una sociedad más justa para todas y todos.