El 26 de octubre los abogados de Pérez Gadín habían solicitado la nulidad de los dictámenes del fiscal y de las presentaciones de los querellantes. Además, pidieron el sobreseimiento de su defendido.

En el escrito presentado, la Oficina sostiene que “una mera discrepancia con lo dictaminado no convalida a la parte para reclamar la nulidad de lo actuado. Y mucho menos, que de ello se derive el sobreseimiento del imputado”. Y agrega que “las medidas propuestas por las partes, especialmente la de la OA, fueron conducentes y revistieron la suficiente entidad que justificaba la continuidad de la etapa de instrucción”.

La presentación de la OA destaca la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelaciones que señaló que “el abultado patrimonio de Lázaro BÁEZ y de la empresa AUSTRAL CONSTRUCCIONES, que en parte fue canalizado a través de la empresa SGI que en los hechos era manejada por Daniel PEREZ GADÍN, tendría su origen en actos de corrupción cometidos por funcionarios de la anterior administración gubernamental, y que esos hechos no pueden dejar de abordarse al hablar del delito antecedente –cuanto menos-“ y que “lo que se busca es establecer “la relación, esbozada desde los inicios de la causa, entre las maniobras de lavado de dinero y la adjudicación de obra pública de la que fue beneficiario a lo largo de los años Lázaro Báez y su grupo empresario”.

Siguiendo este lineamiento de la Cámara de Apelaciones, la OA sostiene que una eventual elevación parcial de fragmentos de la causa atentaría contra abordar la presente investigación desde una visión integral de la maniobra delictiva.

En el escrito, la OA detalla que la defensa de Pérez Gadín busca evitar que se profundice la investigación. “Queda en evidencia entonces que, más allá del pedido infundado de sobreseimiento, lo que más le interesa a la defensa de PEREZ GADÍN es encontrar una suerte de blindaje frente aquella imputación más amplia que viene reclamando el tribunal de alzada; aceptando su participación en el lavado de poco más de cinco millones de dólares adjudicados a la evasión fiscal y separándose así de las enormes cantidades de dinero que, según lo reflejan los patrimonios de BÁEZ y sus empresas, provenientes de un esquema generalizado de corrupción en la obra pública y que se habrían canalizado, para su ocultamiento o darle apariencia legal, a través de operaciones con la firma SGI, que en los hechos fue manejada por Daniel Rodolfo PEREZ GADIN.”, explica la Oficina.

La Oficina Anticorrupción fue aceptada en junio como parte querellante en la causa que investiga la responsabilidad de Lázaro Báez y otros imputados en una maniobra para “sacar del país y reingresar al circuito comercial y financiero formal, disimulando su origen, grandes sumas de dinero no declaradas, provenientes de actividades delictivas”. Desde el inicio de su actuación en la causa, la OA destacó la necesidad e importancia de recuperar el dinero proveniente de hechos de corrupción.

Este año la OA fue aceptada como querellante en diversas causas. Además de Báez la OA participa en: Hotesur, Tragedia de Once, Ciccone, contrato con The Old Fund para asesorar a Formosa en la restructuración de su deuda, Plan Qunita, subsidios para la construcción de canchas de hockey y enriquecimiento ilícito de ex funcionarios como José López, Ricardo Echegaray y Carlos Liuzzi.