Caso Lhaka Honhat: El titular de la Unidad Ejecutora de la sentencia de la Corte IDH se reunió con comunidades indígenas y familias criollas en el norte salteño
El Jefe de Gabinete de la Secretaría, Nicolás Rapetti, viajó a la provincia de Salta en el marco de las acciones que está llevando adelante el Estado Nacional para avanzar en el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El jefe de Gabinete de la Secretaría y titular de la Unidad Ejecutora para el cumplimiento de la sentencia “Lhaka Honhat” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nicolás Rapetti, se reunió con comunidades indígenas y familias criollas en el norte salteño. La visita tuvo lugar en el marco de las acciones que está llevando adelante el Estado Nacional para avanzar en el cumplimiento del fallo.
En la ciudad de Salta, Rapetti mantuvo diferentes encuentros de trabajo con el ministro de Infraestructura y titular de la Unidad Ejecutora provincial, Sergio Camacho, la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, el secretario de Asuntos Indígenas, Luis Gómez Almaraz; el de Deportes, Marcelo Córdova, la subsecretaria de Medicina Social, Gabriela Dorigato, y la directora de Tierras, Florencia Luniz, entre otras y otros funcionarios provinciales.
Posteriormente, el titular de la Unidad Ejecutora nacional viajó hacia el extremo norte de la provincia, a más de 500 km de la capital local, donde se encuentran los ex lotes fiscales 55 y 14, territorio que dio origen al caso internacional. Allí llevó a cabo una intensa agenda de tres días de actividades, propuesta por las comunidades indígenas y las familias criollas que habitan las 643 mil hectáreas de extensión de los ex lotes, con el apoyo del equipo de trabajo local de INTA y la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación.
Este recorrido incluyó la localidad de Santa Victoria Este, el área norte (“La Puntana”), la costa del río Pilcomayo (Tewok), el puente internacional Misión La Paz-Pozo Hondo, Cañaveral, el área sur (“Alto de la Sierra”), el monte y las comunidades que residen en él, y la frontera con Paraguay y Bolivia.
A lo largo de la visita, Rapetti participó de caminatas, asambleas y reuniones junto a las comunidades indígenas y familias criollas, así como también junto a las organizaciones sociales que las asisten (CELS, ASOCIANA y FUNDAPAZ, entre otras), para avanzar en la agenda de relocalización de las familias criollas tras el fallo que obliga al Estado nacional a otorgar parte de las tierras a los pueblos originarios.
La Unidad Ejecutora fue creada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y está integrada por organismos nacionales y provinciales con el objetivo de agilizar y dar cumplimiento a este fallo de la Corte IDH y entregar a los miembros de las comunidades el título único de propiedad de los ex lotes fiscales 55 y 14. El rol de la Secretaría es coordinar las intervenciones del Estado Nacional y articular con la Provincia, a fin de ejecutar y planificar acciones eficientes, que respeten la participación de las poblaciones afectadas y redunden en el genuino cumplimiento de la sentencia.
Previo a su viaje por Salta, Rapetti se reunió en Buenos Aires con las autoridades nacionales de los distintos Ministerios que intervienen para articular acciones que permitan llevar adelante el plan de relocalización.
El caso
El reclamo por la entrega de un título único para todas las comunidades respecto de las tierras que ocupan ancestralmente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del CELS, en 1998. En el transcurso de todos esos años, los pobladores originarios y criollos se organizaron políticamente y llevaron adelante trascendentales negociaciones sobre el territorio, con la destacada participación del recientemente fallecido Coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez.
En 2018, el caso llegó a la Corte IDH, que ordenó al Estado ejecutar aquellos acuerdos, particularmente, delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas. Además, el Estado deberá elaborar un plan que permita asegurar el acceso y garantía de los derechos a la alimentación, el agua, el ambiente sano y la identidad cultural de las comunidades indígenas.