En dicha sentencia, el Tribunal concluyó que el entonces Subdirector Legal del Ministerio de Economía, Dr. Osvaldo Siseles, junto a la Directora General de Asuntos Jurídicos, Dra. Yolanda Eggink, y los abogados Alberto García y Beatriz Pernas del servicio jurídico ministerial, quienes intervenían en un juicio civil entablado por los integrantes del denominado “Grupo Greco”, no resguardaron adecuadamente los intereses del Estado sino que, por el contrario, actuaron en favor de los demandantes, allanándoles el camino para que se obligara al Estado a pagar una indemnización de $ 332.396.128 a los Greco.

En la audiencia celebrada ante la Sala IV de la Cámara de Casación, la OA observó que los entonces representantes “obraron como si el Estado no tuviera ningún reclamo indemnizatorio que contraponer a la pretensión del Grupo Greco”, por lo que su conducta “estuvo dirigida a silenciar y ocultar cualquier reclamo indemnizatorio en favor del Estado”. En este sentido, detalló que “omitieron toda referencia a la contestación de traslado presentada por la anterior representante del Estado, donde se rechazaba la suma pretendida por el Grupo Greco y se reclamaba para el erario público una indemnización de $ 546.957.577”. “En la actuación de los encartados en el proceso civil y en los expedientes administrativos vinculados, no se consideró en ningún momento la existencia de derechos en cabeza del Estado, ni se impulsó un reclamo a su favor”, señaló la OA, y recordó que los ex funcionarios debían resguardar en todos sus actos los intereses del Estado, privilegiando el interés público sobre el particular.

Finalmente, la Oficina Anticorrupción sostuvo que la sentencia “tuvo en cuenta la extensión del daño causado, así como el grado de afectación del bien jurídico protegido” y remarcó que “la maniobra objeto del proceso fue pergeñada y ejecutada desde el seno del Ministerio encargado de administrar los recursos económicos de la Nación”. De esta forma, solicitó que los recursos de casación presentados por las defensas de los ex funcionarios fueran rechazados.