Los ministros de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, y de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, anunciaron los resultados del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Buenas Prácticas en materia de Aplicaciones de Fitosanitarios, etapa contemplada por la Resolución N° 01/2018. Lo hicieron en una conferencia de prensa, donde también participaron los titulares de las carteras de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao y de Salud, Adolfo Rubinstein.

En ese sentido, los ministros de Ambiente y Agroindustria determinaron, en el marco de sus respectivas competencias y en el contexto del dominio originario de los recursos naturales que corresponde a las jurisdicciones provinciales, que las actividades de aplicación de productos fitosanitarios en la actividad agrícola en general, y en especial en zonas de amortiguamiento o “buffer”, deben realizarse conforme a buenas prácticas, sujetas a sistemas de control y monitoreo adecuados.

“Fueron meses de trabajo y recopilación”, afirmó el ministro Bergman en el encuentro. “Necesitamos interacción y participación de manera plural y democrática para que no hayan debates ideológicos cuando lo que necesitamos es solidez y contundencia en cuanto a tener producción cuidando el desarrollo para salir de la pobreza”. “La OCDE y la Agenda 2030 nos obligan a no mirar para otro lado. Tenemos que asumir estos debates de manera proactiva”, agregó.

“Tenemos la obligación de llevar las buenas prácticas para que todos manejemos el mínimo denominador común. Para eso contamos con productores, sociedad civil y academia”. Pero además, Bergman aseguró: “Respetamos el federalismo y la división de poderes. Ahora el Legislativo va a continuar el trabajo en el marco de las comisiones que correspondan”.

Por su parte, el ministro de Agroindustria señaló que "las conclusiones demuestran el fuerte compromiso del Gobierno nacional por continuar fortaleciendo las políticas e instituciones agropecuarias nacionales para la buena gestión de los fitosanitarios, basadas en las BPA y la sinergia entre los diferentes equipos del gobierno, en los que todos los involucrados nos sentamos en una mesa y acordamos aquellos principios fundamentales que deben regir para la producción sostenible”.

Cabe destacar que la resolución, firmada oportunamente por Bergman y Etchevehere, creó el grupo de trabajo mencionado con el objeto de elaborar los principios rectores de las políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación. En particular, la atención fue puesta sobre las aplicaciones en zonas de amortiguamiento o “buffer” -adyacentes a áreas que requieren especial protección-, en la formulación de recomendaciones para mejorar la adopción de las buenas prácticas y en el fortalecimiento de los sistemas de control y monitoreo de las actividades de aplicación de fitosanitarios.

Dicho grupo de trabajo está conformado por representantes de los ministerios de Ambiente, de Agroindustria, de Salud, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. También participan referentes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), del Consejo Federal Agropecuario (CFA), del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, expresó su satisfacción por concretar este trabajo y remarcó la importancia del rol del Estado, no solo en la formulación de políticas públicas adecuadas, sino por su función de monitoreo y control. “Argentina es muy dependiente de la agricultura para el buen desenvolvimiento de su economía, así que el desarrollo de estas capacidades es fundamental la sostenibilidad de la actividad”, afirmó.

“Desde Salud, nuestra principal función va a ser el apoyo técnico a todos los procesos de evaluación, monitoreo y de vigilancia epidemiológica, con metodologías robustas, sólidas y científicamente validadas”, señaló a su turno Rubinstein.

Estuvieron presentes la titular de la Unidad de Coordinación General, Patricia Holzman; el secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales, Diego Moreno; el presidente del INTA, Juan Balbín y presidente del Senasa Ricardo Luis Negri.

Resultados del grupo de trabajo

El informe final se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible integrados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y persigue la erradicación de la pobreza, la modificación de pautas insostenibles producción y consumo, así como la protección y ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo social y económico.

En ese marco, se propusieron 12 principios para regir las políticas públicas nacionales sobre aplicaciones de fitosanitarios, en especial en zonas de amortiguamiento. Estos ofrecen una guía para que las políticas públicas atiendan debidamente el cuidado de la salud, del ambiente y de la producción agrícola, sobre la base de instituciones eficientes y eficaces, apoyadas en el conocimiento científico tecnológico.

También se presentaron 23 recomendaciones para mejorar las políticas públicas, orientadas al fortalecimiento de la articulación institucional, del monitoreo ambiental, de los procedimientos para prevenir efectos no deseados en la salud y el ambiente, de la capacitación, de la comunicación pública, del fomento a las buenas prácticas y de la autogestión del sector privado.

Dentro de las iniciativas planteadas pueden mencionarse el impulso de un proyecto de ley a nivel nacional sobre aplicación de fitosanitarios, complementario a la regulación sobre registro de productos y a la ley sobre envases vacíos de fitosanitarios. Otra de las propuestas contempla la creación y puesta en marcha de una Plataforma de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) con el fin de coordinar la ejecución de los programas de aplicación de fitosanitarios públicos y privados, a nivel nacional como provincial, con protocolos oficiales, indicadores y sistemas de monitoreo.

En las reflexiones finales, el grupo de trabajo destacó la necesidad de implementar indicadores para el monitoreo de la adopción de las buenas prácticas en la materia, así como del impacto ambiental, la salud humana y animal, con redes de control de las mismas en todo el territorio nacional, involucrando las comunidades locales. También subrayó el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica en relación a la exposición a fitosanitarios, con actualización de la información y con miras a reforzar el sistema de control.

Al respecto, se promueve establecer un marco regulatorio con base a la Ley N.° 27233 de sanidad de los animales y vegetales y la Ley N.° 27269 de presupuestos mínimos de envases vacíos de fitosanitarios, que permita a diferentes grupos asociativos de la actividad agropecuaria asumir las responsabilidades correspondientes en implementación, control entre privados y difusión de las buenas prácticas, de manera complementaria a las competencias de las autoridades públicas.

Es importante mencionar que se abrirá una instancia de consulta pública a partir del 20 de julio, por el término de un mes, y luego se considerarán los aportes recibidos. Por su parte, los representantes del Consejo Federal Agropecuario y del Consejo Federal de Medio Ambiente llevarán el informe final para el tratamiento en sus respectivos ámbitos.

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