Presidencia de la Nación

Basualdo se reunió con el gobernador Capitanich

El gobernador de Chaco y el subsecretario de Energía Eléctrica evaluaron la tarifa eléctrica diferencial para las provincias del Norte Grande, un estímulo para el consumo industrial en Chaco y la regularización de las obligaciones pendientes de pago de la distribuidora eléctrica provincial.


El subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo, se reunió con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, para evaluar la factibilidad de una tarifa eléctrica diferencial para las provincias del Norte Grande argentino, y un estímulo para el consumo industrial en Chaco.

Asimismo, avanzaron en la regularización de las obligaciones pendientes de pago de la distribuidora Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial (SECHEEP) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), que alcanzaron los 7.905 millones de pesos al 30 de septiembre de 2020, en el marco de la emergencia económica, tarifaria, energética, sanitaria y social.

En este sentido, de acuerdo a lo establecido por las Resoluciones N° 40/2021 y 371/2021 de la Secretaría de Energía, se le podrá reconocer a la compañía distribuidora provincial haber mantenido su cuadro tarifario en el contexto de emergencia, así como la regularización de la situación de deuda de los usuarios domiciliarios, comerciales e industriales, por un monto total equivalente a tres facturas medias mensuales de SECHEEP con CAMMESA.

Asimismo, se le podrán reconocer hasta 605 millones de pesos para un plan de inversiones en infraestructura y eficiencia energética, a ejecutarse en 2021 con una rendición de cuentas a los 6 meses de iniciado, y otros 44 millones de pesos podrán ser considerados para que las 12 cooperativas energéticas de la provincia puedan aplicar los mismos criterios de desendeudamiento a los usuarios.

Los Regímenes Especiales establecidos por las Resoluciones SE N° 40 y N° 317, en el marco del Artículo 87 de la Ley de Presupuesto 2021, tienen como objetivo normalizar la cadena de pagos, garantizando el derecho al acceso confiable y continuo a la energía eléctrica en todo el país, privilegiando el beneficio a la demanda en consideración de las características socioeconómicas de los usuarios, así como el reconocimiento del mantenimiento de las tarifas y de la inversión en infraestructura y eficiencia energética por parte de las distribuidoras.

El compromiso de la compañía distribuidora y el poder concedente provincial resulta de gran importancia hacia la normalización de la cadena de pagos en el sistema eléctrico, que fue muy afectada en el contexto de la pandemia durante el año 2020.

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