En línea con los preceptos de la nueva “Ley de Víctimas”, los ministerios de Justicia de Nación y de la provincia de Buenos Aires, más la Procuración General bonaerense, firmaron un acta de compromiso que profundiza el abordaje y la protección de víctimas de delitos apuntando a la coordinación interinstitucional.

Los ministros Germán Garavano y Gustavo Ferrari, y el procurador Julio Conte-Grand, suscribieron un acta que aprueba la “Guía de Criterios de Actuación en materia de Protección de Víctimas de delitos graves contra la vida, la integridad física y la integridad sexual”.

El documento fue elaborado por la Procuración General bonaerense en coordinación con el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID). Se busca generar una red de trabajo eficaz que brinde respuestas rápidas y específicas a las víctimas, para que conozcan sus derechos, reciban asistencia y protección para evitar la re-victimización.

La guía es un instrumento indispensable para profundizar una tarea de articulación entre los organismos que intervienen en el proceso de asistencia a las víctimas, a fin de unificar criterios y desarrollar estrategias de trabajo conjunto.

Esos organismos son: los Centros de Asistencia a las Víctimas (los CAV del Ministerio Público bonaerense), los Centros de Acceso a Justicia (los CAJ del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) y los Centros de Asistencia a Víctimas y Acceso a Justicia (los CAVAJ del Ministerio de Justicia bonaerense).

El CENAVID, coordinado por la abogada Natalia Figueroa, fue creado para brindar asesoramiento jurídico, psicológico y social con el objetivo de dar contención, orientación y acompañamiento de las personas que sufrieron delitos de competencia federal en todo el país, y de competencia ordinaria en la Justicia porteña o de las justicias provinciales a requerimiento de sus autoridades.

No revictimizar

Un punto central del protocolo firmado que ya está en vigencia en los centros de acceso a la Justicia en los barrios de la provincia de Buenos Aires es “evitar la re-victimización de las personas que sufrieron algún tipo de delito contra la vida (por ejemplo: femicidio, travesticidio u homicidio), delitos contra la integridad física (como lesiones graves o lesiones en acción de robo) o delitos contra la integridad sexual (abuso o violación a adultos o niños, niñas y adolescentes)”.

Figueroa explicó que “la no re-victimización está plasmada en el protocolo, para establecer lugares adecuados en los cuales la víctima pueda prestar declaración, que no se divulgue su imagen, que pueda declarar la menor cantidad de veces posibles, o que las preguntas que pueden afectar su intimidad sean eliminadas”.

La directora del CENAVID, un organismo recién creado, especificó que “es fundamental un trato diferencial” para la protección integral de las víctimas con el eje “en el derecho a la información correcta y decodificada para cada tipo de persona”. También “una comunicación fluida vía registro informático para acceder a la información de cada víctima en particular y accionar en su centro de atención más cercano”.

A modo de ejemplo: la guía establece cómo desde los CAJ o los CAVAJ se debe establecer la “comunicación para personas con discapacidad y los funcionarios que hay a disposición, cerca de su domicilio”. También indica cómo informarle a las víctimas sobre las medidas de protección disponibles, o las “medidas de coacción y coerción que se pueden tomar con la persona imputada”.

En la ciudad de La Plata, el próximo 22 de agosto se realizará la presentación formal de los tres operadores judiciales que firmaron el convenio y se desarrollarán mesas de trabajo para delinear acciones en conjunto.