La decisión fue tomada en razón de la necesidad de poner a los organismos del Estado al servicio de la comunidad de un modo permanente y sin interrupciones. “No se puede demorar a los administrados ni hacerlos esperar en sus legítimas expectativas y necesidades por el solo hecho de que la Administración Publica deba otorgar vacaciones a parte de sus agentes. La Inspección General de Justicia es un organismo del Estado que conforma un servicio administrativo y económico de interés general que se debe a los ciudadanos, a quienes debe servir sin solución de continuidad”, afirmó Vítolo.