Argentina ha vuelto a ser destacada en la categoría más alta en materia de esfuerzos para combatir la trata de personas junto a un grupo de 30 países sobre un total de 188, de acuerdo al Informe Anual sobre Trata de Personas 2023, que elabora el Departamento de Estado de los Estados Unidos, una calificación que se ha mantenido durante toda la actual gestión. La presentación del reporte global ocurre a pocos días del Segundo Encuentro de la Plataforma Regional contra la Trata, que agrupa a la casi totalidad de países sudamericanos, y que se realizará en la Argentina el 4 y 5 de julio.

El nuevo informe “Trafficking in Persons Report (TIP Report)”, fue presentado por el secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken, y reúne información acerca de los esfuerzos gubernamentales de 188 países para combatir la trata, destacando las estrategias más relevantes para hacer frente a los tratantes y proteger y asistir a las víctimas, clasificando a los países en cuatro niveles de acuerdo a los esfuerzos que realizan en materia de prevención, persecución, asistencia y protección a las víctimas. En dicha categorización, Argentina se ubicó nuevamente en el Nivel 1 (“Tier 1”), la máxima categoría. Nuestro país queda de esta manera mejor calificada que algunos países europeos que forman parte del Nivel 2 ("Tier 2"), como Portugal, Italia, Suiza, Irlanda, Grecia o Noruega.

En el capítulo del informe dedicado a la Argentina, se explica que "el Gobierno cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata", agregando que "siguió demostrando esfuerzos serios y sostenidos en materia de lucha contra la trata; por este motivo, la Argentina ha permanecido en el nivel 1". A continuación, detalla: “algunos de estos esfuerzos fueron el aumento del número de tratantes condenados, la emisión de la primera indemnización a través del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, la adopción de un nuevo plan de acción nacional y la financiación de un plan para construir cuatro nuevos refugios”.

El informe pone incluso de ejemplo a nuestro país en cuanto a la necesidad de contar con una “fuerte coordinación multinivel y multisectorial entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales o locales”, explicando que que “en Argentina, el Consejo Federal para la Lucha del gobierno contra la Trata y Explotación de Personas promueve la coordinación intragubernamental en los esfuerzos contra la trata. Las reuniones semestrales del Consejo facilitan la colaboración entre las autoridades contra la trata federales y provinciales y permiten que los representantes de las 24 jurisdicciones de Argentina (23 provincias y un distrito federal) revisen las actividades del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas”. También se destaca que “el Comité Ejecutivo mantuvo acuerdos de coordinación con organizaciones profesionales que representan a sectores vulnerables, incluidos los trabajadores agrícolas, los ladrilleros, los conductores de camiones comerciales y el personal doméstico”.

El reporte global destaca las políticas de acceso a la vivienda y de inclusión laboral, que se encuentran en plena profundización y desarrollo: “el gobierno otorgó un hogar a un adulto sobreviviente del trabajo forzoso a través de un proyecto de subsidios a la vivienda destinado a los sobrevivientes de la trata, y continuó promoviendo la reinserción de los sobrevivientes de la trata en el mercado laboral”, y detalla: “El gobierno comenzó a poner en marcha el Programa de Acceso a la Vivienda para Víctimas de Trata, el cual subvencionó la construcción y cesión permanente de viviendas a sobrevivientes de la trata. El gobierno informó que había seleccionado a 17 sobrevivientes para participar de la primera tanda de construcción del programa y, en diciembre de 2022, le otorgó el primer hogar del Programa a un adulto sobreviviente del trabajo infantil. El Ministerio de Trabajo puso en marcha la segunda iteración de su programa destinado a reinsertar a las víctimas de trata al mercado laboral; en septiembre de 2022, seleccionó a 64 sobrevivientes para que recibieran ayuda en su búsqueda laboral y un estipendio mensual. En octubre de 2022, la legislatura de la provincia de Salta aprobó una ley destinada a promover la inclusión laboral de las víctimas de trata; tres provincias y varios municipios tenían regulaciones para incentivar la contratación de sobrevivientes a través de exenciones fiscales o cupos”.

El informe valora además el sistema de capacitaciones llevado a cabo: “el gobierno continuó capacitando a sus funcionarios y estableciendo alianzas con distintos gremios para promover la identificación de las víctimas de la trata con fines de explotación laboral”, y detalla que se impartieron “cursos de capacitación de lucha contra la trata para fiscales, personal de las fuerzas de seguridad, trabajadores del poder judicial y otros funcionarios, en las modalidades virtual y presencial. Algunos de los cursos dictados versaron sobre temas tales como la contratación virtual en casos de trata con fines de explotación laboral, destinado a los entes reguladores de la actividad agrícola en la provincia de Entre Ríos; la detección de trabajo forzoso en asentamientos rurales, destinado a funcionarios de seguridad en la provincia de Buenos Aires; y la trata de personas con discapacidad, destinado a la policía federal”.

Agrega en este sentido que se “brindó capacitación a inspectores y otros funcionarios del Ministerio de Trabajo sobre los indicadores de la trata con fines de explotación laboral. Los inspectores usaron estas directrices para detectar casos de trata en las inspecciones y, en 2022, presentaron 47 informes de los indicadores de la trata en los que identificaron a 366 víctimas y las derivaron al PNR a través de la línea directa de asistencia. El Ministerio de Trabajo informó que el 83% de las víctimas identificadas por los inspectores eran hombres y niños varones, y que el 77% eran argentinos”.

El reporte también destaca al aumento de condenas con respecto a los años anteriores: “(se) condenó a 37 tratantes (24 por trata con fines de explotación sexual, nueve por trata con fines de explotación laboral y 4 por trata con ambos fines), mientras que había condenado a 31 en 2021 (24 por trata con fines de explotación sexual y siete por trata con fines de explotación laboral) y a 26 en 2020”.

En cuanto a la asistencia a las víctimas, se da cuenta de que “el gobierno informó que había brindado asistencia de emergencia a corto plazo a la totalidad de las 1.184 víctimas identificadas en 2022, y asistencia a mediano y largo plazo a las 928 víctimas identificadas entre enero y junio de 2022 (…) El gobierno incentivó la participación de las víctimas en juicios de trata por medio de un marco de asistencia en el cual recibieran asistencia psicológica y jurídica al prepararse para testificar”.

A nivel de prevención, se especifica que “El gobierno mantuvo los esfuerzos en materia de prevención. El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata (“el Consejo”) y el Comité Ejecutivo
para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas (“el Comité Ejecutivo”) supervisaron la ejecución del plan de acción nacional del gobierno para combatir la trata de personas. En diciembre de 2022, el Consejo aprobó un nuevo plan de acción correspondiente al período 2022-2024, el cual esboza 68 actividades para combatir la trata, incluidas la mejora de los servicios para las víctimas de trata con discapacidades, la mayor coordinación entre los operativos de lucha contra la trata y los operativos de lucha contra el lavado de activos y la ampliación de las opciones de refugio. El Comité Ejecutivo publicó una evaluación final del plan anterior, en la que determinó que el gobierno había cumplido con 92 de sus 100 actividades”, añadiendo que “la mitad de las actividades incompletas estaban asignadas al sector judicial”.

Con respecto a la difusión de la línea de denuncias anónima y gratuita 145, el relevamiento da cuenta de que “el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos operó la línea directa nacional de trata (1-4-5) con asistencia de PNR; el gobierno siguió publicitando la línea en cuatro idiomas a través de carteles en terminales de ómnibus y espacios similares. Quince gobiernos provinciales tenían regulaciones que requerían dar publicidad periódicamente a la línea nacional. Hubo 1.460 llamadas a la línea directa en noviembre de 2022, mientras que habían sido 1.624 las llamadas recibidas en 2021 y 1.340 las recibidas en 2020. El gobierno informó que había iniciado 72 investigaciones a partir de las llamadas a la línea directa, mientras que había iniciado 29 en 2021. Además, el gobierno capacitó a más de 500 funcionarios para derivar posibles casos a través de la línea directa.
El gobierno siguió publicando evaluaciones anuales sobre sus esfuerzos de lucha contra la trata, entre ellas, la evaluación periódica realizada por la PROTEX de las llamadas a la línea nacional relacionadas con la trata y el informe del Consejo Federal sobre el plan bienal”. Y agrega que “el gobierno continuó organizando campañas de concientización, especialmente campañas publicitarias a corto plazo”.

Sobre las recomendaciones que se proponen a la Argentina para el siguiente año, se destacan los siguientes acciones: “mejorar la asistencia a las víctimas del delito para incluir más refugios especializados, opciones de refugio adicionales para las víctimas masculinas y apoyo informado respecto de traumas para las víctimas que participan en juicios contra los tratantes”, “buscar la aplicación de penas adecuadas para los tratantes condenados, que impliquen penas importantes de prisión”, “aplicar sistemáticamente los procedimientos de restitución a las víctimas y facilitar las transferencias de activos para apoyar el fondo fiduciario de restitución”, y “proporcionar financiación específica para aplicar plenamente el Plan de Acción Nacional”, entre otros.