Ante la proliferación de presuntos especialistas que prometen abaratar el servicio eléctrico a partir de la alteración de los medidores de las distribuidoras, el ENRE recuerda que esta práctica constituye un delito tipificable como Fraude, Hurto y/o Robo según el Código Penal de la Nación. Además, como otras manipulaciones indebidas de instalaciones y conexiones eléctricas, ésta también puede ocasionar daños materiales y lesiones físicas más o menos graves, incluso la muerte.

La semana pasada, la Fiscalía General del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez de la Provincia de Buenos Aires contactó a este Ente Nacional en el marco de una investigación preparatoria en torno a una serie de publicaciones en la red social Facebook, que en septiembre de 2022 ofrecían disminuir el consumo de energía eléctrica de todo tipo de medidor, de manera ostensiblemente irregular, así como realizar conexiones clandestinas a la red de suministro.

Quien manipula instalaciones eléctricas para simular una reducción del consumo eléctrico no sólo paga menos de lo que corresponde por el servicio contratado; también consiente un uso abusivo del suministro con el consecuente riesgo de sobrecargarlo. Esta sobrexigencia puede provocar cortes de luz y oscilaciones de tensión que atentan contra la vida útil de los electrodomésticos y, más serio todavía, contra la integridad física de las personas.

En otras palabras, detrás de la manipulación anti-reglamentaria de la red eléctrica, se esconden los riesgos de cortocircuito, incendio, explosión y electrocución, a veces fatal.

Según consta en el Reglamento de Usuarios de Energía Eléctrica, la empresa distribuidora puede -por iniciativa propia y en cualquier momento- inspeccionar medidores y otras instalaciones del servicio domiciliario. En caso de detectar indicios de intervención contravencional, la concesionaria está facultada para facturar los consumos no registrados, incluidos los gastos de la verificación correspondiente, y para eventualmente suspender el suministro. También puede iniciarle acciones legales al usuario que realizó o encargó la adulteración.

En síntesis, quien contrata a un presunto especialista en abaratar el servicio eléctrico corre varios riesgos: desde terminar pagando un importe superior al habitual (en concepto de consumos no registrados) hasta provocar lesiones graves o la muerte, pasando por enfrentar la suspensión del suministro eléctrico y hasta una demanda penal.