ADAJUS fue creado a través del decreto 1375 de 2011 como auxiliar de la Justicia y está especialmente dirigido a las personas con discapacidad, a operadores judiciales, agentes penitenciarios, fuerzas de seguridad, funcionarios de la administración pública, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas con discapacidad suelen enfrentar obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos cuando participan de procesos judiciales y administrativos. ADAJUS presenta un abordaje interdisciplinario que permite trabajar transversalmente la temática de la discapacidad.

Las barreras sociales tienen que ver muchas veces con dificultades para acceder a información sobre sus derechos y la forma de ejercerlos, y el trato inadecuado que reciben de las fuerzas de seguridad y de los operadores judiciales en distintas instancias.

La iniciativa promueve el cumplimiento del protocolo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que Argentina adhirió en 2007 y ratificó un año después con la Ley 26.378 que la incorporó a la normativa nacional.

La directora de ADAJUS, Mabel Remón, quien ejerce como perito oficial intérprete, explicó que el programa “interviene desde el principio al fin del proceso acompañando a los operadores judiciales y a las personas con discapacidad para que puedan acceder a las herramientas y poder modificarlas, y para que esa persona pueda acceder en igualdad de condiciones que las demás a todo el proceso judicial en la que se ve implicada”.

Entre las funciones específicas de ADAJUS se pueden identificar la orientación y asistencia técnica a las personas con discapacidad, sus familiares y amigos, su intervención cuando exista una barrera comunicacional entre esa persona y su interlocutor, brindar asistencia técnica en materia de adecuaciones y reformas legislativas, o la elaboración de guías y protocolos de intervención.

También capacitan a operadores del Poder Judicial, colegios profesionales y funcionarios de la administración pública, como así también al sector privado que lo solicite.

Sumado ala intervención con las personas con discapacidad en situación de encierro carcelario y de los cuerpos periciales en los procesos judiciales o preliminares que las involucren y promover la cooperación interinstitucional con organismos internacionales.