Acuerdos con Chile en materia de justicia


La realización de acciones concretas para promover la colaboración mutua entre Argentina y Chile, y el intercambio de información y experiencias en materia de modernización de la administración de justicia, la mediación y el acceso a la justicia, acordaron llevar a cabo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y su par trasandino, Hernán Larraín.

El funcionario argentino participó hoy en Santiago de Chile de la IX Reunión Binacional de Ministros de Justicia y Derechos Humanos, que se desarrolló en el marco de la VII Reunión de Gobernadores e Intendentes de la Frontera Común , en la que además estuvieron quince ministros y diez gobernadores argentinos.

Garavano y su par chileno firmaron tres memorandos de entendimiento sobre incumbencias y temas de interés común. Acordaron acciones concretas destinadas a promover la colaboración mutua y el intercambio de información y de experiencias en temas como la modernización de la administración de justicia, la mediación y el acceso a la justicia.

Los ministros expresaron particular interés en desarrollar informes con las experiencias de los dos países en materia de reinserción social, en modalidades alternativas, en justicia restaurativa para mejorar la reinserción social e intercambiar experiencias en monitoreo telemático y otros mecanismos alternativos al encarcelamiento.

En temas de acceso a la justicia los ministros intercambiaron información y experiencias exitosas especialmente en materia de trata de personas y asistencia integral a las víctimas.

Se avanzó también en la creación de equipos conjuntos de investigación en temas como reinserción social, justicia restaurativa y el sistema de justicia penal. Larraín instó a que la Argentina tome el informe “Desafíos de la Reforma Procesal en Chile: Análisis retrospectivos a más de una década” del Centro de Estudios de la Justicia de las Américas CEJA-JSCA como insumo para la implementación del sistema acusatorio.

En cuanto a los Derechos Humanos, se convino promover la colaboración e intercambio de información y experiencias de los respectivos planes nacionales, como asimismo en materia de preservación, recolección, recuperación de datos, clasificación, registro y digitalización de documentos que den cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en ambos países.