Un convenio entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial propone el aprovechamiento de los recursos existentes y la capacitación de los operadores del sistema.

El secretario de Justicia, Santiago Otamendi y el titular de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), Ariel Ariza, firmaron un convenio de colaboración para mejorar la prestación de los servicios judiciales a partir del óptimo aprovechamiento de los recursos existentes y de la capacitación de los operadores del sistema.

El funcionario nacional explicó que el acuerdo “complementa el trabajo del Programa Justicia 2020, que impulsa reformas para conseguir una justicia cercana a la comunidad, independiente y moderna, que rinda cuentas de su desempeño y resuelva los conflictos en forma eficaz”.

Otamendi remarcó además que la FAM es la institución adecuada para este tipo de convenios “por su alcance federal, su prestigio y su presencia en el servicio de Justicia, y por promover el constante perfeccionamiento e independencia del Poder Judicial”.

“Debemos colaborar para que la Justicia adopte las mejores prácticas, adaptando y aprovechando las experiencias de los sistemas judiciales provinciales y la incorporación de nuevas tecnologías”, agregó el secretario de Justicia. En ese sentido, el acuerdo firmado establece que los proyectos deberán seleccionarse con criterio federal.

En el encuentro también estuvieron el secretario de la FAM, Roberto Requejo, y la presidenta del colegio de Magistrados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Marcela Paz.

Ariel Ariza dijo que “se proponen implementar iniciativas relacionadas con proyectos de modernización y formación virtual a través de una plataforma digital; la aplicación de nuevas tecnologías para aumentar la transparencia de la gestión; mecanismos de declaraciones juradas y promoción del acceso a la información; el impulso a la transparencia en la selección y remoción de magistrados a través de videograbación de las audiencias y diseño e implementación de capacitaciones para optimizar su labor ”.

En la reunión se analizó la importancia que representa el impulso de un tratamiento conjunto civil y penal en cuestiones de violencia de género, y la creación de capacitaciones para los operadores en temas como niñez y adolescencia, derecho privado, penal juvenil, de forma virtual.

En lo concerniente a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal, hubo coincidencia en torno a que las provincias con experiencia en el sistema acusatorio penal deben compartir en un encuentro nacional sus evaluaciones, y luego volcarlas en un documento que sirva como insumo para su instrumentación a nivel federal.