En simultáneo a la puesta en marcha de la nueva Agencia Regional Central de la Unidad de Información Financiera (UIF), el coordinador Nacional del Programa Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo Nacional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Agustín Carrara, participó de esta actividad para detallar los resultados de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la Argentina y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobadas en 2022 en la sede de la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

“El sector privado tuvo un rol fundamental en las evaluaciones nacionales de riesgos. Su aporte durante ese proceso nos permitió ver que su diagnóstico de las principales amenazas y vulnerabilidades es muy similar al que tenemos los organismos del sector público. Por eso, estas actividades sirven también para mostrarles los resultados de las encuestas que ellos/as mismos/as completaron y que de ese modo puedan tener una devolución del trabajo que realizaron”, señaló Carrara.

Las Evaluaciones Nacionales de Riesgos permiten al Estado Argentino contar con un diagnóstico certero de los riesgos de LA/FT/FP a los fines de identificarlos, evaluarlos y entenderlos para tomar acciones en consecuencia, tal como lo establece la Recomendación N° 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En función de ello, en el año 2020, la República Argentina inició este ejercicio con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), logrando un gran esfuerzo de coordinación interinstitucional y evidenciando el compromiso del más alto nivel político que finalmente se plasmó en la aprobación durante el año 2022 de la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos mediante el Decreto N° 653/2022 y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva mediante el Decreto N° 652/2022.

El encuentro permitió la posibilidad de debatir los resultados de dichas herramientas. En materia de amenazas, se abordaron las principales actividades criminales, como lo son la narcocriminalidad, la evasión fiscal y el contrabando, entre otras, y los fondos ilícitos que generan dichas actividades. A su vez, se analizaron cuáles son algunas de las áreas de mayor riesgo en el país y el estado actual de las causas judiciales y número total de condenas por lavado de activos.

De la misma manera, los funcionarios y funcionarias examinaron las principales vulnerabilidades del sistema nacional, entre las que destacaron la falta de regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales, los problemas vinculados al control de las fronteras y la dificultad para identificar a los beneficiarios finales de personas y estructuras jurídicas, entre otros temas.

Por su parte, el presidente de la UIF, Juan Carlos Otero, destacó que la nueva oficina regional profundiza el rol federal de la UIF y “permite impulsar el fortalecimiento del sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para las provincias de Santa Fe y Córdoba”.

Cabe destacar que, dada la proximidad de la próxima Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que comenzará en septiembre, es fundamental el intercambio y la cooperación de todos los actores del sistema de prevención.

En el encuentro, la integrante del Consejo Asesor de la UIF, Luciana Trincheri, expuso el trabajo sobre los Reportes de Operación Sospechosa (ROS) que lleva adelante el organismo en las provincias de Córdoba y Santa Fe. Mientras que el director de Supervisión del órgano de control, y Elio Grillo, brindó detalles de las acciones y medidas preventivas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) desarrolladas en la región.

En tal sentido, la UIF dictó también una jornada de capacitación dirigida a los representantes de los gobiernos provinciales, municipales y comunales de Santa Fe, donde brindaron herramientas para prevenir los delitos del lavado de activos y entender su vinculación con el narcotráfico y la responsabilidad que tienen los distintos niveles gubernamentales en la lucha frente a estos delitos de LA/FT.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, recibieron a más de setenta representantes de gubernamentales para concretar la decisión política de los gobiernos nacional y provincial de hacer frente al crimen organizado y la actividad delictiva que pueda tener como consecuencia el lavado de dinero.

“El propósito común que tenemos desde ambos gobiernos es luchar contra estos delitos de una manera cada vez más eficaz; por eso es clave que cada una y cada uno desde su rol asuma el compromiso firme y necesario para hacer frente a estos delitos”, sostuvo el presidente de la UIF durante su intervención.

Durante la jornada, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Hernán Botta, y el presidente de la UIF firmaron un convenio que crea la Diplomatura en prevención del lavado de activos. La propuesta académica brindará formación orientada a lograr mejores prácticas para interpretar y controlar el cumplimento de las normativas de prevención y represión del lavado de activos.