A 30 meses de la desaparición de Arshak Karhanyan, la Secretaría de Derechos Humanos reafirma su reclamo a la Justicia para que se investigue como desaparición forzada

En febrero, la Secretaría había solicitado ser querellante frente al lento avance en la investigación. El juez lo rechazó y la decisión hoy se encuentra en estudio de la Cámara de Casación.


En el día de ayer, el Ministerio de Seguridad anunció una recompensa de $5 millones para hallar al oficial Arshak Karhanyan, el agente de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desaparecido el 24 de febrero de 2019. El anuncio se dio luego de que el presidente, Alberto Fernández, recibiera en la Casa Rosada a Vardush Davtyan, la madre del oficial. Paralelamente, desde la Secretaría de Derechos Humanos se continúan desarrollando acciones para impulsar la causa que investiga su desaparición.

El 22 de agosto del 2020, el Secretario Horacio Pietragalla Corti, junto a la legisladora porteña Victoria Montenegro recibieron en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a Vardush Davtyan, madre de Arshak Karhanyan, con el objetivo de conocer el estado de la causa judicial y poner a la Secretaría a disposición para colaborar en lo que hiciera falta.

Al cumplirse dos años de su desaparición, y con la causa judicial estancada, la Secretaría se presentó en el expediente judicial solicitando ser tenida como parte querellante y que la causa pase al fuero federal para que se investigue bajo la hipótesis de desaparición forzada. El mismo pedido hizo el fiscal actuante, quien alertó sobre graves irregularidades en la investigación que involucraban a la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El 28 de abril del 2021, el juez Baños rechazó el pedido de la Secretaría de ser querellante, rechazó remitir la causa al fuero federal al no coincidir con la hipótesis de desaparición forzada, y reasumió la investigación de la causa que hasta ahí se encontraba delegada en fiscalía.

Esta resolución fue apelada por la Secretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía y con fecha 7 de junio del 2021, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó lo resuelto por Baños.

Frente a esta situación se interpuso un recurso de casación que fue admitido por la Cámara de Apelaciones, y actualmente el tema se encuentra a estudio de la Cámara Nacional de Casación Penal desde el 9 de agosto.

Por otro lado, la Secretaria de Derechos Humanos advierte que luego de haber sido apartada de la causa, hace un tiempo el juez volvió a involucrar a la Policía de la Ciudad en tareas investigativas, lo cual contradice las recomendaciones del Protocolo de Minnesota de Naciones Unidas, y se encuentra prohibido por el Código Procesal Penal al haber sospechas sobre la participación de algunos de sus miembros en el hecho.

EL CASO:
Según el relato de los hechos recogido por la Secretaría, Arshak Karhanyan fue visto por última vez el día 24 de febrero de 2019 en la intercepción de Paysandú y Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires, donde una cámara de seguridad lo registró por última vez cuando salía de un hipermercado “Easy” con una pala en sus manos. Desde aquel momento, nada se sabe de su paradero y destino.

Previo a su desaparición, Arshak salió de su departamento en Caballito, dejó sus dos teléfonos celulares adentro y su moto amarrada en la puerta, pero se llevó su arma reglamentaria, su placa y su tarjeta de débito, que jamás fueron halladas.

Antes de salir de su departamento, una cámara de seguridad de la calle logró captar que Arshak estuvo dialogando con Leonel Herba, otro policía de la Ciudad que había sido compañero de Arshak en el área de “Exposiciones”.

Según el relato de la familia ante esta Secretaría, el fiscal de la causa ordenó en su momento preservar todas las cámaras de seguridad que se hallaran a 500 metros a la redonda del local comercial de Easy y de la casa de Arshak. Sin embargo, el abogado de la querella denunció que al analizar el material disponible de las cámaras se encontró con que no se buscaron la totalidad de las cámaras que ordenó el fiscal; y que, de las relevadas, no se obtuvieron la totalidad de las filmaciones disponibles el día 24 de febrero de 2019; no se resguardó todo el material fílmico obtenido ese día; y las filmaciones que se preservaron con esa fecha corresponden a horarios distintos a los que serían procedentes al propósito de la investigación.

Sin embargo, la prueba más importante que daría cuenta de la complicidad de miembros de la Policía de la Ciudad está relacionada con la pericia realizada sobre su teléfono celular. Esa pericia le fue ordenada a la unidad de Cibercrimen de la propia Policía de la Ciudad de Buenos Aires y dio como resultado que todo el contenido del celular se había borrado. Sin embargo, luego un segundo examen -realizado esta vez por la Policía Federa-l, se logró restablecer el contenido a través de una copia de seguridad, aunque no en su totalidad. Una junta de peritos integrada por expertos de distintas fuerzas confirmó que la pericia inicial –a cargo de la Policía de la Ciudad- estuvo repleta de errores. El informe señala que "no se respetaron las buenas prácticas de la informática forense”.

Además, según destaca el fiscal en su dictamen de febrero de este año, en un determinado momento en que se había ordenado la realización de diversos allanamientos sobre miembros de la Policía de la Ciudad sospechados, jefes de esa fuerza y hasta el Secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fueron a ver al fiscal y al juez. Luego de eso, el juez desistió de realizar los allanamientos.

Cuando existe una desaparición en la cual se sospeche que la persona pudo haber sido privada de su libertad con alguna participación de una fuerza estatal –como en este caso, miembros de la Policía de la Ciudad- el hecho debe ser investigado bajo la hipótesis de la desaparición forzada de personas, siguiendo los expresos lineamientos del Protocolo de Minnesota y de los “Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas” de Naciones Unidas, que no han sido aplicados en la investigación por la desaparición de Arshak Karhanyan.

Es por eso que la Secretaría de Derechos Humanos solicita que, una vez admitida como parte querellante, se decline la competencia de esa Justicia Nacional en lo Criminal y se remitan las presentes actuaciones al fuero federal a los fines de continuarse la investigación bajo la hipótesis de la desaparición forzada de personas.