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La protección y apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituye una política de estado


El 30 de julio se cumplieron tres meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro y hoy se cumplen tres años sin Santiago Maldonado. Estas fechas interpelan a mejorar las herramientas disponibles en el Estado para prevenir las desapariciones de personas en democracia y a fortalecer los procesos de búsqueda, de verdad, de justicia y de reparación integral a las víctimas y sus familiares.

La desaparición y muerte de Santiago tuvo lugar en un contexto de creciente criminalización de la protesta social, y en el marco de un operativo de represión con características irregulares, realizado por una fuerza de seguridad federal. El discurso de las autoridades políticas de aquel momento buscó legitimar el accionar represivo. Lejos de realizar un acompañamiento integral a la familia de Santiago, se adoptaron medidas que estigmatizaron a la víctima y obstaculizaron la búsqueda de la verdad. Estas circunstancias provocaron que, hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicite al Estado argentino que explique la denuncia presentada por la familia de Santiago frente al organismo internacional.

La desaparición de Facundo Astudillo Castro ocurrió en un contexto de graves casos de violencia institucional que se registraron en país durante los meses de cuarentena. Tal como esta Secretaría ha dejado en claro en sus respuestas a los organismos internacionales, el proceso de búsqueda y el desarrollo de la investigación judicial deben abordar en detalle cada una de las posibles hipótesis que puedan dar con su localización y determinar todas las responsabilidades que correspondan. Ello implica, como ha reclamado la familia de Facundo, investigar con seriedad la posibilidad de que estemos ante una desaparición forzada.

La protección y apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos debe constituir una política de Estado que atraviese las gestiones de gobierno. Por ello, el reconocimiento de la extrema gravedad de estos casos es el primer paso para abordarlos con la seriedad y el compromiso que merecen, poniendo a disposición de las víctimas y sus familias todos los recursos del Estado.

En este marco, el Presidente, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, entre otras autoridades, han expresado su máxima preocupación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, que ha determinado la intervención de la justicia federal, el despliegue del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las distintas fuerzas de seguridad federales, así como la actuación coordinada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Se ha requerido el asesoramiento del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se han puesto a disposición de la familia, el Programa de Protección a testigos, el acompañamiento psico-social del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, y todo otro apoyo que se pudiera necesitar para la búsqueda e investigación.

A su vez, en el marco de una petición presentada por la familia de Santiago Maldonado ante la CIDH, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha tomado la decisión de ofrecer a la familia el inicio de un proceso de solución amistosa. Esto implica un cambio radical en la posición que mantuvo el Estado respecto a los hechos sucedidos, a través del reconocimiento de que se trata de un caso de extrema gravedad, que no debe transitar por la vía contenciosa del sistema interamericano. También demuestra la voluntad de la Secretaría de Derechos Humanos de contribuir con la familia de Santiago en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de una reparación integral por lo sucedido.

A partir del 10 de diciembre, como dijo el Presidente Alberto Fernández, los derechos humanos volvieron a constituir la columna vertebral del Estado argentino en su conjunto. Por eso, la protección y el apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos deben ser una política de Estado.