El Gobierno Nacional consolidó el proceso de transformación y ordenamiento del esquema de asistencia al transporte automotor iniciado en 2024, reemplazando los subsidios generalizados a la oferta por un modelo de asistencia directa a la demanda, focalizado en quienes más lo necesitan.

Este proceso permitió modernizar el sistema, fortalecer la autonomía de las jurisdicciones y mejorar la eficiencia y la transparencia en la utilización de los recursos públicos, garantizando al mismo tiempo la continuidad de la asistencia estatal a los usuarios más vulnerables.

En ese marco, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, mediante la Resolución 40/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, establece los criterios para la instrumentación del aporte nacional destinado a financiar la Tarifa Social Federal.

La medida incorpora un criterio uniforme y previsible para calcular el beneficio que financia el Estado Nacional, fortaleciendo la administración de los recursos públicos destinados a esta política. Asimismo, ratifica la continuidad del beneficio vigente: más de 5,5 millones de personas seguirán accediendo al 55% de descuento en el transporte público de todo el país mediante la tarjeta SUBE personalizada.

A partir de esta resolución, el reconocimiento de la Tarifa Social Federal se calculará sobre tarifas de referencia. Para los servicios provinciales y municipales se tomarán como referencia las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los servicios de colectivos de jurisdicción nacional y de los servicios ferroviarios, se utilizarán las tarifas establecidas por la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte.

La medida responde a que las actualizaciones tarifarias son definidas por cada provincia, municipio o autoridad competente en ejercicio de sus propias facultades, generando una dinámica heterogénea que impactaba automáticamente sobre el financiamiento nacional de la Tarifa Social Federal, sin que el Estado Nacional interviniera en esas decisiones.

El esquema establecido mediante la medida brinda mayor previsibilidad al financiamiento del beneficio, al evitar que las modificaciones tarifarias que dispongan las distintas jurisdicciones impacten automáticamente sobre los recursos nacionales destinados a la Tarifa Social Federal. Al mismo tiempo, preserva plenamente las facultades de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios para fijar sus cuadros tarifarios o establecer beneficios adicionales con financiamiento propio.

De esta manera, se consolida el proceso de transformación iniciado en febrero de 2024 con la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior, a partir del cual el Estado Nacional avanzó en el reemplazo de un esquema basado principalmente en subsidios a la oferta por un modelo de asistencia directa a las personas, focalizado en los sectores sociales que requieren el acompañamiento del Estado para acceder al transporte público.

Mientras que anteriormente una parte mayoritaria de los recursos nacionales destinados al transporte automotor se asignaba a compensaciones a la oferta del sistema, las medidas implementadas desde el inicio de la gestión permitieron reorientar esa asistencia hacia un esquema de apoyo directo a los usuarios. En la actualidad, la totalidad de la asistencia nacional destinada al transporte automotor se concentra en los beneficiarios de la Tarifa Social Federal, garantizando una utilización más transparente, eficiente y focalizada de los recursos públicos.

Durante todo este proceso nunca se interrumpió la asistencia a los sectores más vulnerables. Por el contrario, el beneficio continúa vigente para más de 5,5 millones de personas, acompañado por la expansión del sistema SUBE, su nominalización y la incorporación de nuevos medios de pago que modernizan el acceso al transporte público. Entre los grupos alcanzados por la Tarifa Social Federal se encuentran jubilados y pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas, titulares de la Asignación Universal por Hijo y otros beneficiarios previstos por la normativa vigente.

La Secretaría de Transporte reafirma así su compromiso con una política de asistencia social sostenible, transparente y focalizada, que garantice el acompañamiento a quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, permita una administración responsable y previsible de los recursos públicos.