Mediante la Resolución 1196/2025 se implementó la libre circulación de los camiones bitrenes en toda la Red Vial Nacional, sin restricciones horarias, salvo en aquellos tramos donde se identifiquen riesgos para la seguridad vial. En estos casos, la circulación quedará sujeta a autorización técnica previa, siendo la seguridad vial el principio rector para establecer dichas restricciones.

Además, se iguala el tratamiento administrativo para todas las categorías de bitrenes, eliminando los trámites adicionales requeridos para la categoría 3, que generaban demoras superiores a los 90 días debido a una burocracia excesiva.

De esta manera, se unifican los criterios para todas las categorías de bitrenes, sin comprometer la seguridad vial ni la operatividad. En este marco, los vehículos de categorías 2 y 3 mantienen los mismos parámetros de ancho, altura y peso.

Por lo tanto, se eliminan los trámites adicionales que se exigían exclusivamente a la categoría 3 (con una longitud de hasta 30,25 metros y un peso total de 75 toneladas), los cuales ya no se justifican.

Esta medida adapta la normativa a un esquema más simple y flexible, alineado con las necesidades de la logística actual. Mejora la previsibilidad normativa y reduce las cargas administrativas que obstaculizan el proceso productivo del país.

¿Por qué se implementó esta medida?

Hasta la fecha, solo el 26,5% de las rutas nacionales estaban habilitadas para la circulación de bitrenes y, dentro de la provincia de Buenos Aires, apenas el 11% de los tramos. Esta restricción limitaba la eficiencia de la conectividad, afectando el funcionamiento del sistema de transporte con este tipo de vehículos.

En el esquema anterior se registraban demoras excesivas por parte del Estado en la emisión de autorizaciones de circulación, así como la exigencia de documentación innecesaria, como el Registro Único de Transporte Automotor (R.U.T.A.), eliminado en diciembre de 2024 por el Gobierno Nacional mediante la desregulación del transporte automotor de cargas. Estas inconsistencias incrementaban los costos logísticos para las empresas transportistas, al obligarlas a utilizar vehículos menos eficientes.

Por último, otra irregularidad detectada fue la discrepancia entre la normativa nacional (Resolución 884/2018) y la Ley N.º 6.675 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación con los horarios y zonas habilitadas para la circulación. Esta nueva medida también busca armonizar esos criterios y resolver dichas contradicciones.