Reunión con autoridades del Colegio de Traductores Públicos
Fueron recibidas por el Inspector General para evaluar la participación de estos profesionales en la tramitación de documentos redactados en idioma extranjero.
El Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, se reunió con autoridades del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de evaluar la participación de estos profesionales en la tramitación ante el Organismo de documentos redactados en idioma extranjero. Participaron del encuentro la Secretaria General de la Institución, Alide Drienisienia, la Presidenta del Tribunal de Conducta, Carina Barres y el Responsable de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Colegio, Oscar Pereira.
En el curso de la reunión, Vítolo señaló la importancia que revisten los traductores públicos en la tramitación de documentos oficiales y privados redactados en idioma extranjero, tanto en el ámbito nacional como internacional, por diversas razones clave en relación a la garantía de fidelidad, precisión y legalidad de los documentos sometidos a su consideración. También resaltó la importancia de la actuación de estos profesionales como puente entre diferentes sistemas jurídicos y administrativos, garantizando que el contenido y el efecto legal de un documento se mantengan íntegros al pasar de un idioma a otro.
“En una sociedad globalizada, el rol de los traductores públicos es esencial para la seguridad jurídica, la transparencia documental y la protección de derechos en contextos plurilingües. Su labor no es meramente técnica o lingüística, sino también institucional y jurídica, con consecuencias directas sobre la validez de los actos y decisiones que derivan de los documentos traducidos”, señaló el Inspector General.
Las autoridades del colegio, por su parte, agradecieron a las actuales autoridades de la Inspección General de Justicia, el cuidado y el profesionalismo con el cual exigen el estricto cumplimiento de las normas y regulaciones en materia de traducción y de la necesaria intervención de traductores públicos respecto de los documentos redactados en idioma extranjero que se presentan ante el Organismo.